Recientemente, en dos foros empresariales, el Gobierno dio un parte de tranquilidad sobre la situación macroeconómica del país, argumentando que lo peor de la crisis ya pasó. Sin embargo, el mismo Gobierno se pregunta por qué el sector industrial ha crecido tan poco en los últimos años, pese a la depreciación de 55 por ciento del peso colombiano desde el 2014. De hecho, en los dos primeros trimestres del 2017, el crecimiento de la industria fue de 0,3 y de -3,3 por ciento, respectivamente.
Según los propios industriales, varias razones explican esta situación. La informalidad, el contrabando, la carga fiscal, el exceso de regulación, la falta de movilidad laboral y los costos de transporte y energía, entre otras, afectan directamente su competitividad y les impide aprovechar coyunturas favorables, como el nivel actual del tipo de cambio.
No obstante, esa discusión deja por fuera el que es posiblemente el principal factor que explica el bajo crecimiento industrial y, más generalmente, el de la economía: la productividad. Un estudio lanzado este año por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad de los Andes muestra que la productividad de la economía colombiana se estancó en la última década, incluida la del sector industrial. Hoy, se necesitan más de cinco trabajadores en la industria para producir el mismo valor agregado que produce uno en Estados Unidos.
El estudio también menciona que cerca de dos terceras partes de la productividad de las empresas ha estado explicada en los últimos años por esfuerzos internos de las organizaciones, mientras el resto puede atribuirse a factores externos como los mencionados. En este sentido, aspectos relacionados con la adopción de mejores prácticas gerenciales y tecnológicas; investigación, desarrollo e innovación; capacitación laboral; y sofisticación e internacionalización, son fundamentales para incrementar la productividad de las compañías colombianas.
Por eso resulta preocupante que en el proyecto de presupuesto para el 2018, ‘Ajuste exitoso, repunte en marcha’, se estén presentando reducciones en las partidas de instituciones cuyo trabajo consiste, justamente, en potenciar la productividad al interior de las empresas. A los recortes anunciados para Colciencias, por valor de $140.000 millones, se suman los del Ministerio de Comercio ($110.000 millones) y los del Instituto Nacional de Metrología ($700 millones), entre otros. Esto obstaculiza el avance de la Política de Desarrollo Productivo que el Conpes lanzó en 2016 para impulsar la productividad.
Esos ajustes contrastan con los incrementos que se están dando en agricultura, lo cual debe aplaudirse. En el presupuesto del 2018, los recursos de inversión combinados del Invima, ICA y los programas de ciencia, tecnología, innovación y productividad del Ministerio de Agricultura aumentan $130.000 millones. Esa misma apuesta debería replicarse en otros sectores llamados a liderar el crecimiento económico en los próximos años.
Por supuesto, el Gobierno tiene retos enormes relacionados con la inflexibilidad de su gasto. Sin embargo, dicha situación se explica por el bajo recaudo, el hueco pensional, las transferencias a las regiones y el gasto en Defensa y seguridad. Por eso, el Ministerio de Hacienda debería dar pasos para resolver estructuralmente los problemas asociados a los componentes inflexibles del gasto y minimizar los recortes a la inversión como variable de ajuste para cumplir con la regla fiscal.
Así mismo, es deseable que, además de la política fiscal, el Ministerio comience a considerar el efecto de sus decisiones en la productividad del país. Hace cuatro años, en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad, Guillermo Perry sugirió que el Ministerio de Hacienda necesitaba contar con un viceministerio de productividad. Quizás es el momento de retomar esta idea y de discutirla, pues la productividad es la clave del crecimiento para Colombia.
*Columna publicada en Portafolio
