Columna publicada en Portafolio.
Frecuentemente, cuando se habla de temas tributarios y de la necesidad de un mayor recaudo, surge, no sin razón, la inquietud acerca de qué tan eficiente es el Gobierno al momento de realizar el gasto, y si este logra o no su cometido.
De hecho, esta es precisamente la discusión que se está dando en el país, por cuenta de la reforma tributaria estructural que el gobierno ha anunciado para el segundo semestre, y que además de ordenar y simplificar el sistema tributario, busca aumentar el recaudo para financiar el posconflicto.
Por fortuna, ya hay una respuesta a este interrogante. Después de más de un año de estudio, el DNP reveló algunos datos relacionados con la distribución de subsidios que hace el Gobierno en sus programas sociales y productivos. El resultado es alarmante. Cada año, cerca de $80 billones, que equivalen al 10% del PIB, son destinados a subsidios, muchos de los cuales carecen de adecuada focalización, beneficiando, en muchos casos, a los colombianos más prósperos y no a quienes más lo necesitan.
En pensiones (3,5% del PIB), el quintil más rico se lleva el 65% de los subsidios. En educación, las personas pertenecientes al quintil más pobre reciben solo el 20% de los recursos transferidos (2,8% del PIB), mientras que los de los quintiles más ricos obtienen el 40%. En salud (1,3% del PIB), el quintil más pobre recibe el 24% de las ayudas, 10% menos de lo que se llevan los dos quintiles más ricos.
La estabilidad del entorno macroeconómico del país es un activo que no puede ponerse en riesgo. De esta depende, en gran parte que el país mantenga la calificación grado de inversión y que el Gobierno pueda dar cumplimiento a los compromisos que adquiera en La Habana. Las medidas asistencialistas inefectivas e insostenibles minan la capacidad fiscal del Estado y afectan su credibilidad como promotor del bienestar para los que más lo necesitan.
Para incrementar la competitividad en el campo,Colombia no puede permitirse sostener una política de subsidios indefinida, sin resultados adecuados, y que no llegue a los que más lo necesitan. La economía familiar y campesina debe ser fomentada, pero siempre con el fin de lograr su inserción a los mercados, de la mano de la agroindustria, para que se garantice su independencia y sostenibilidad. Temporalidad, productividad, progresividad y sostenibilidad deben ser criterios a la hora de definir transferencias gubernamentales, más aún en un contexto de posconflicto.
La reforma tributaria estructural es indispensable para corregir las múltiples debilidades del sistema tributario colombiano -bajo recaudo, inequidad, falta de progresividad, complejidad, ineficiencia económica y administrativa-. No obstante, debe estar acompañada de más eficiencia.
En este sentido, los hallazgos sobre la asignación de los subsidios por parte de DNP deben generar un cambio estructural en la forma como el Gobierno efectúa el gasto. Por ello, resulta fundamental que, como lo ha propuesto la entidad, el Gobierno se comprometa con la elaboración de un estatuto orgánico de los subsidios del país, que se constituya en una herramienta efectiva para ordenar su entrega y evaluar su impacto. De lo contrario, será difícil generar oportunidades que garanticen el desarrollo social y económico de las personas una vez comience el posconflicto.
