Ojalá se asegure la financiación de un proyecto necesario para entregarle al país información esencial que los sectores público y privado requieren.
Entre las muchas limitaciones que tuvo el Gobierno al comienzo de la pandemia para entregar ayudas a los establecimientos informales estaba la falta de información. Y no es de extrañar. Colombia cumple el próximo año 30 años de haber realizado un censo económico; el último se hizo en 1991.
Afortunadamente, el Gobierno con muy buen criterio incluyó la ejecución de un nuevo censo en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, así como en el documento Conpes de Formalización Empresarial aprobado en enero de 2019. Su ejecución está prevista para 2021 y el Dane ya tiene el diseño de la operación y ha hecho pruebas piloto cuyos resultados confirman la importancia del proyecto.
En Cúcuta, por ejemplo, el conteo piloto de unidades económicas –fundamental para diseñar adecuadamente la operación–, al ser contrastado con la información de registros disponibles muestra que el número de unidades existentes es seis veces superior al esperado.
Los censos económicos son una actividad clave de las oficinas estadísticas nacionales, y la ONU recomienda hacerlos cada cinco años. En informe técnico de 2010, la ONU reporta que el 83 % de los países desarrollados cumple con esa práctica, mientras que los restantes los ejecutan cada 10 años.
En América Latina más de la mitad los llevan a cabo decenalmente, donde se destaca el caso de México que, desde 1930, lo hace cada cinco años. De los 63 países en desarrollo incluidos en el estudio, solo cuatro realizan censos económicos con una frecuencia menor a 10 años.
En Colombia, el vacío de información se agudiza por los altos niveles de informalidad, que se estiman del 60% para el universo empresarial y del 90% para las microempresas.
Contar con información robusta, georreferenciada, longitudinal y comparable internacionalmente es una condición necesaria para producir diagnósticos precisos y diseñar buena política pública. De hecho, no es recomendable ejecutar políticas públicas sin preocuparse por la medición de sus impactos y su costo-efectividad y, mucho menos, diseñarlas sin un conocimiento preciso del universo de unidades a impactar.
Hay adicionalmente dos elementos que hacen de este un proyecto fundamental. Primero, es un complemento esencial del catastro multipropósito, pues proveería la capa económica que actualmente no hace parte de esa operación.
Segundo, más allá de la medición de economía informal, el censo cuenta en su diseño con énfasis transversales claves, como economía circular y enfoque de género, necesarios para enfrentar desafíos prioritarios.
Ahora bien, el censo, a pesar de haberse incluido en las Bases del PND, de ser una de las acciones centrales de la política pública de formalización de este Gobierno, de su importancia frente a la formulación y ejecución de políticas para la reactivación económica, y de las inversiones ya realizadas para el diseño de la operación y la ejecución de pilotos, aún no cuenta con la asignación presupuestal para su total ejecución.
Ante tantas necesidades y escasez de recursos, ejecutar el censo económico podría parecer no prioritario hoy. Ojalá no se caiga en ese error y se asegure la financiación de un proyecto necesario para entregarle al país la información esencial que los sectores público y privado requieren para tomar las mejores decisiones.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
