¿Sabía usted que? |
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¿Por qué la política regulatoria es importante para la competitividad?
La calidad institucional constituye una de las condiciones básicas habilitantes para la competitividad y el desarrollo económico. En particular, existe una relación positiva entre el ingreso per cápita de un país y la calidad de su Gobierno y su regulación (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999). Así mismo, se ha demostrado que las economías que tuvieron un crecimiento alto y sostenido en los últimos 50 años al mismo tiempo mejoraron la efectividad de su gobierno, su calidad regulatoria y el imperio de la ley (rule of law) (McKinsey Global Institute, 2018).
Política regulatoria en la crisis por la pandemia
El CPC estructuró la información de normas adoptadas desde el 30 de enero de 2020 (fecha en que se registra por primera vez una medida frente al COVID-19) hasta noviembre de 2020. La Gráfica 1 muestra la clasificación de las medidas según el tipo y se observa que en este periodo se emitieron 172 decretos, 83 circulares y 54 resoluciones.
Gráfica 1. Producción normativa frente a la emergencia por COVID-19 (por tipo de acto). Colombia, 2020.
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El Gobierno Nacional ha emitido 172 decretos, 83 circulares y 54 resoluciones desde enero de 2020 para responder a los retos de la emergencia por COVID-19. |
Fuente: información de la página oficial www.coronaviruscolombia.gov.co. Cálculos: CPC.
Si bien las condiciones de la emergencia dificultan la puesta en marcha de varios de los pasos de un proceso regulatorio adecuado, es fundamental diseñar políticas basadas en evidencia, coordinadas e implementables. Como lo señala la OCDE, las regulaciones de emergencia no deben tener un tratamiento de “carta blanca” (OECD, 2020) y se deben preservar aspectos claves de un adecuado proceso regulatorio para asegurar la efectividad de las políticas y minimizar sus posibles efectos no deseados.
En primer lugar, es fundamental asegurar que el diseño de las regulaciones esté basado en evidencia. Dado que se requiere información y evidencia científica, y que se dificulta establecer un diálogo o consulta previa con los agentes regulados, la OCDE ha recomendado establecer un grupo de expertos de diversas áreas que guíen la toma de decisiones.
En segundo lugar, y con el fin de asegurar la efectividad de las políticas, se requiere contar con mecanismos de coordinación entre los diferentes reguladores o tomadores de decisión. En Colombia este reto ha sido particularmente evidente en la relación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, generando incertidumbre y dificultando el ajuste de los ciudadanos y las empresas.
En tercer lugar, la adopción de regulaciones debe tener en cuenta su facilidad de implementación. Diseñar políticas de fácil implementación es un aspecto clave del proceso regulatorio para reducir cargas innecesarias para los ciudadanos y las empresas y favorecer el cumplimiento.
¿Cómo promover una mejor regulación?
La experiencia internacional ha mostrado que contar con una autoridad de supervisión responsable de la calidad regulatoria y de la adopción de buenas prácticas es un elemento central para darle impulso y continuidad a un proceso de reforma regulatoria. En Colombia, diversas entidades tienen algún tipo de competencia en el proceso de producción normativa (Tabla 1), lo que puede generar problemas de coordinación entre ellas. Además, la ausencia de una instancia de responsabilidad final dificulta el seguimiento al proceso y la evaluación de sus resultados.
Tabla 1. Entidades con competencias en el proceso regulatorio en Colombia.
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Entidad |
Competencia |
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Función Pública |
Racionalización de trámites y concepto previo vinculante respecto a la adopción de nuevos trámites |
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Departamento Nacional de Planeación |
Seguimiento de la implementación del CONPES 3816 de 2014 |
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Superintendencia de Industria y Comercio |
Abogacía de la competencia |
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
Normatividad relacionada con reglamentos técnicos |
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Ministerio de Justicia y del Derecho |
Lineamientos para la calidad jurídica de la producción normativa |
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Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República |
Revisión de la calidad legal |
Fuente: DNP
Además, un componente fundamental de un proceso regulatorio de calidad es la consideración de los potenciales impactos que tiene una alternativa de intervención, sea sobre los regulados o sobre otros actores (OCDE, 2016). Para lograr esto, es clave incluir un Análisis de Impacto Normativo (AIN) en los proyectos de regulación. Una alternativa es definir los criterios de aplicación del AIN basándose en el impacto esperado de la norma, de manera que sea obligatoria su realización solo para normas cuyo impacto esperado supere un determinado umbral.
También es importante mejorar las prácticas de consulta pública extendiendo los estándares mínimos para la publicación y consulta de proyectos de normas, y haciendo obligatorio el uso del Sistema Único de Consulta Pública (Sucop) para centralizar los comentarios a los proyectos de norma publicados.
Si está interesado en leer más sobre este tema y conocer en detalle las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad, lo invitamos a consultar nuestro Informe Nacional de Competitividad y, en particular, el capítulo sobre Eficiencia del Estado.
Elaborado por Lorena Lizarazo, Investigadora Asociada del Consejo Privado de Competitividad, con base en el capítulo Eficiencia del Estado del Informe Nacional de Competitividad 2020-2021.
Junio de 2021
Referencias
Kaufmann, D., Kraay, A. y Zoido-Lobatón, P. (1999). Governance Matters. World Bank Policy Research, Working Paper 2196.
McKinsey Global Institute. (2018). Outperformers: high-growth emerging economies and the companies that propel them. McKinsey & Company.
OCDE. (2016). Colombia. Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo. París: OECD Publishing.
OCDE. (2020). Regulatory quality and COVID-19: Managing the risks and supporting the recovery. Obtenido de: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-quality-and-covid-19-managing-the-risks-and-supporting-the-recovery-3f752e60/
