Columna publicada en Portafolio
El interrogantes frente a los posibles impactos sobre el proceso de paz y la economía, que bien vale la pena anticipar y salirles adelante para que el país avance sin mayores tropiezos. Si bien el ambiente político y social está polarizado, como quedó demostrado en las urnas, y posiblemente lo siga estando por un tiempo, esta no puede ser una justificación válida para que los colombianos –gobierno, Congreso, cortes, empresarios y sociedad civil– dejemos de asumir la responsabilidad histórica que nos corresponde de cambiar el país.
Los últimos meses han estado cargados de incertidumbre –por los resultados del plebiscito– y, por qué no decirlo, de parálisis en aspectos claves para la competitividad y el crecimiento del país. Algo similar a lo que, según un estudio reciente del profesor de Harvard, Michael Porter, está pasando en EE. UU., donde el clima de negocios y la competitividad empresarial se han visto afectados por la parálisis política que surgió como consecuencia de la oposición republicana al gobierno de Obama en el Congreso, y la incertidumbre respecto a quién será el próximo presidente.
No cabe duda de que la política y la economía están íntimamente relacionadas, pero la segunda no puede estar supeditada indefinidamente a la primera, pues la solución de los problemas estructurales no da espera. Independientemente del contexto político, los gobiernos tienen que actuar rápida y contundentemente para no comprometer el bienestar futuro de la población. En Colombia, caímos en una parálisis similar a la de EE. UU., esperando el resultado favorable del plebiscito que le diera oxígeno al gobierno para sacar adelante las reformas pendientes. El ejemplo más ilustrativo es el aplazamiento de la reforma tributaria estructural, cuya necesidad está más que diagnosticada. El país requiere urgente un sistema tributario acorde con su nivel de desarrollo, que recaude suficiente, y además de sencillo, sea eficiente, equitativo y progresivo.
Ahora bien, aunque el resultado del plebiscito no fue el esperado, el gobierno está en la obligación, como ya lo anunció, de presentar pronto la reforma tributaria al Congreso para garantizar la sostenibilidad fiscal y asegurar el mantenimiento de la calificación grado de inversión. El sistema tributario actual, caracterizado por tasas de tributación efectivas para las empresas superiores, en muchos casos, al 75%, pone en desventaja al país frente al resto de Estados de la Alianza del Pacífico, y hace inviable la inversión. De igual forma, no es posible seguir con un esquema en el que la poca tributación de las personas naturales recae mayoritariamente en los asalariados, ni con una cobertura de IVA que excluye a más del 50% de los bienes y servicios de la economía. A esto se suman niveles de evasión alarmantes: renta (39%), IVA (23%) y protección social (27%).
De otro lado, Colombia sigue con los mismos problemas que tenía desde antes de iniciar el proceso de paz. En este sentido, el gobierno debe avanzar para superarlos, pues una mayor competitividad empresarial está íntimamente ligada con mayores oportunidades de desarrollo y niveles de bienestar. Sí el ‘No’ en el plebiscito significa llegar un acuerdo mejor, bienvenido sea. Pero, en el entretanto, no podemos permitir que la incertidumbre nos ahogue. No hay más remedio que actuar.
