“El reto del próximo Presidente de Colombia es fortalecer la inserción de la economía en el mercado externo”: Ana Fernanda Maiguashca

En la entrevista de Contexto, una charla sobre competitividad, libre comercio y bienestar social.

¿Cómo le va a Colombia hoy en competitividad? Para Ana Fernanda Maiguashca, economista caleña, MBA de Columbia Businees School, excodirectora del Banco de la República y actual presidenta del Consejo Privado de Competitividad, “pasadas tres décadas el nivel de inserción de la economía colombiana en el mercado externo aún se encuentra muy por debajo del que registran países con niveles similares de desarrollo”.

En entrevista con Contexto, la economista hace énfasis en la impostergable necesidad de que el país diversifique y sofistique su canasta exportable con el objeto de integrarse en las cadenas globales de valor. “El próximo gobierno debe tener la voluntad política de promover el libre comercio y la internacionalización. Solo así los hogares y las empresas alcanzarán mayores niveles de bienestar”, afirma Maiguashca.

Redacción Contexto: ¿Qué tanto ha avanzado Colombia en competitividad en los últimos 20 años?

Ana Fernanda Maiguashca: Entre 2006 y 2018, los tres indicadores a los que hacemos seguimientos mostraron un estancamiento en la posición relativa de Colombia frente a otros países del mundo. Sin embargo, el país tuvo un repunte muy significativo en 2019, año en que se publicó la última edición del Índice Global de Competitividad, IGC, por el Foro Económico Mundial, ubicándose el país en la posición 57 entre 141 economías y cuarto en la región, después de Chile, México y Uruguay1.

A pesar de lo que muestran estos “rankings”, es importante destacar logros que probablemente aportarán en el largo plazo a la competitividad del país y en particular su institucionalidad. Desde 2006 opera el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), una instancia que articula instituciones del sector público, y vela por la participación del sector productivo en la construcción y seguimiento de la agenda de competitividad del país.

Hemos tenido mejoras importantes en otras materias. En educación, los aumentos en la cobertura de servicios educativos, incluyendo a la primera infancia, la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y la reglamentación de los componentes de Formación para el Trabajo y el Marco Nacional de Cualificaciones, permitirán aumentar la pertinencia de la oferta educativa y formativa, promover la movilidad social y la productividad y cerrar brechas de capital humano. Otro logro importante está relacionado con la aprobación de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Era una deuda que llevaba varios años y su implementación será fundamental para que esa apuesta de país por la innovación permita potenciar la productividad impulsar la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de sus habitantes.

En materia tributaria, la creación del Régimen Simple de Tributación, RST, es una mejora frente al monotributo y acompaña un esfuerzo que nos parece de la mayor importancia que es la formalización empresarial. En lo laboral, si bien persisten importantes desafíos para la generación de empleos de calidad, la reducción de los costos laborales no salariales por efectos de lo contemplado en la reforma tributaria de 2012 mostró tener un impacto positivo en términos de formalidad, y esperamos que el país pueda seguir moviéndose en esa vía.

R.C.: La competitividad no es tan fácil de mejorar en el corto plazo porque involucra el aspecto institucional que es muy complejo. Para no tener frustraciones, ¿no será mejor concentrarse en la productividad tomando unos cuantos sectores y apuntarle a mejoras logrables y medibles?

A.M.G.: El Consejo Privado de Competitividad entiende la competitividad como el conjunto de factores que permiten que seamos más productivos, y así logremos mejorar la calidad de vida de toda la población. Somos sin embargo escépticos frente a la idea de que el Estado señale de ante mano ciertos sectores en la medida en que justamente marcos institucionales vulnerables pueden llevar a que este modelo, exitoso en algunos países del mundo, fracase y termine siendo más costoso incluso que no tener política alguna.

Consideramos que para aquellos sectores en los que se haya demostrado que hay valor que se puede acompañar con política pública es importante que ésta los acompañe con una mejor provisión de bienes públicos, pero que ese es el orden en que esta aproximación resulta menos riesgosa. Para los demás es fundamental continuar buscando un marco regulatorio que propenda por el crecimiento, sin tratamientos excepcionales y una adecuada provisión de bienes públicos. En esa medida creemos que buscar y reducir las barreras a la formalidad sigue siendo crucial para todos los sectores.

Es necesario que busquemos otros mercados y expandir fronteras para incrementar nuestro potencial de crecimiento para generar más y mejores empleos. Para ello hay que emprender decididamente la tarea de la internacionalización.

Hay documentos que sugieren que los sectores más productivos son aquellos donde existe competencia. En los casos donde hay excesiva protección, no somos eficientes. Las decisiones de este tipo casi siempre se toman desde la perspectiva de “proteger” los empleos, pero se olvidan de la perspectiva del consumidor. Muchos indicadores hacen notar que somos un país cerrado con muchos mercados poco eficientes. ¿Compartes estas apreciaciones? ¿Qué habría que hacer para no solo tener mejores discusiones sobre estos temas sino mejores decisiones?

Las comparto plenamente y quisiera sumar algunas consideraciones. No sólo no se contempla la perspectiva del consumidor, sino que tampoco se asimila bien el empleo. Colombia es un país de ingreso medio, con un altísimo nivel de informalidad. Es necesario que busquemos otros mercados y expandir fronteras para incrementar nuestro potencial de crecimiento para generar más y mejores empleos. Para ello hay que emprender decididamente la tarea de la internacionalización. Cuando ponemos barreras a la entrada también estamos afectando la salida de nuestros productos, nuestra capacidad de insertarnos en cadenas globales de producción y nuestra capacidad de aprender de otros talentos y tecnologías. Este es un buen ejemplo de aquellos objetivos en los que el sector privado debe decididamente apostar junto con la política pública a abrirnos al mundo.

A pesar de las apuestas que se han dado en los últimos 30 años, el nivel de inserción de la economía colombiana en el mercado externo se encuentra muy por debajo del que registran países con niveles similares de desarrollo. Por un lado, vemos que la canasta exportable del país es poco diversa y cuenta con bajos niveles de sofisticación, lo cual limita la integración del aparato productivo en las cadenas globales de valor. Y por otro, encontramos que el país ha avanzado erróneamente hacia una estructura arancelaria dispersa y en una mayor proliferación de medidas no arancelarias antitécnicas sobre el comercio. Esto último ha conducido a efectos nocivos sobre la competencia, distorsiones en los precios e incremento del contrabando técnico.

Corregir estos impactos indeseados requiere replantear la discusión alrededor del libre comercio. En particular, es importante reconocer los beneficios de la internacionalización como un mecanismo para la transformación productiva de la economía y el acceso a tecnología y conocimiento que se genera en el resto del mundo. Esto se traduce en mayores niveles de bienestar para hogares y empresas al ampliar sus posibilidades de producción y consumo, gracias a las oportunidades que ofrece el intercambio externo. Las acciones para alcanzar este objetivo demandan de voluntad política y deberían ser una prioridad en la agenda del próximo gobierno.

En los informes recientes del CPC se hace énfasis en un tema de enorme importancia: mejorar la poca efectividad de nuestro Estado. ¿Cuáles son las claves de un Estado mas efectivo, entendido como el que ejecuta con eficacia y eficiencia las políticas públicas?

Los grandes retos sociales y económicos que enfrentamos para mejorar la vida de todos los que viven en Colombia requieren esfuerzos colectivos. Este proceso requiere de un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir. Para ello se debe recaudar más y mejor: avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales, de acuerdo con su ingreso, y menos en las empresas, que no son más que procesos productivos. Así mismo, es clave eliminar exenciones y tratamientos especiales, nivelando el terreno de juego entre empresas de distintos tamaños y sectores. En términos de gasto público, es importante seguir revisando cómo otorgamos los subsidios pero, sobre todo, reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal. Por último, recomendamos acelerar aún más la transformación digital del Estado.
Necesitamos más recursos y por lo tanto necesitamos de mayor nivel de formalidad. Es fundamental que el país formal entienda que la lucha contra la informalidad es de todos, justamente porque si no expandimos ese universo de ciudadanos que podemos aportar pues vamos a seguir en un círculo vicioso de insuficiencia.

También insiste el CPC en la competitividad regional donde hay muchísimas diferencias. ¿Alguna idea para reducir estas brechas que también se manifiestan en indicadores sociales?

Colombia es un país de regiones diversas y divergentes en términos de desarrollo. A esto se suma que los dos últimos años han resultado particularmente desafiantes para los departamentos de Colombia. La crisis económica y social producto de la pandemia afectó de manera desigual a los territorios y en consecuencia las subsecuentes sendas de recuperación económica observadas en el último año.

Aunque es una idea un poco etérea quizás sea importante que una porción de los recursos con los que hoy financiamos bienes públicos en dichas regiones, se dediquen primero a generar capacidad institucional. Que tengamos la disciplina de hacer esa inversión sin ceder a la tentación de que los recursos tengan siempre un objetivo tangible de corto plazo, a pesar de las enormes necesidades que existen. Hay brechas también en estas capacidades y por ende la mayor cantidad de recursos debe ir a las administraciones que tienen mayores retos, pero debe ser un ejercicio constante y evaluado.

De resto es imposible pensar en fórmulas que atiendan la heterogeneidad de problemas que encontramos en los departamentos del país, pero ejercicios como el Índice Departamental de Competitividad que produce el Consejo Privado de Competitividad en alianza con la Universidad del Rosario es justamente un primer punto de encuentro para que las autoridades regionales puedan tomar decisiones informadas. Contribuye además a construir comunidad entre las comisiones regionales de competitividad para que ellas mismas compartan aquellas estrategias que han resultado exitosas. ¡Nuestro lema políticamente incorrecto es que queremos que se copien!, porque es en esos mismos ejercicios regionales donde hay mejor información sobre qué cosas pueden funcionar o no, en un entorno diferente al que corresponde a Bogotá o al Gobierno Nacional.

Referencias

1 Tradicionalmente, desde el Consejo Privado de Competitividad hemos hecho seguimiento a la evolución de los principales indicadores internacionales de competitividad, como los publicados por instituciones como el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gerencia (IMD, por sus siglas en inglés), el Doing Business (más enfocado, hasta descontinuación en 2021, en proveer información sobre el ambiente de negocios) y el elaborado por el Foro Económico Mundial, conocido como IGC y considerado el más importante en la materia.