Cierto es que la implementación de los acuerdos de La Habana ha sido y será sumamente compleja. Además de resistir la oposición de quienes votaron por el ‘No’, el pasado 2 de octubre, el Gobierno debe hacer frente al estricto control de la Corte Constitucional, garantizar la disciplina de su coalición en el Congreso y cumplir con lo pactado con las Farc.
De igual forma, el gobierno debe vigilar otros factores que han venido minando sistemáticamente su capital político y plantean interrogantes sobre su gestión. Uno de estos es la situación económica adversa por la que atraviesa el país. En el primer trimestre del año, la economía apenas creció a un magro 1,1 por ciento, reafirmando las preocupaciones de diferentes actores económicos que habían sido encuestados en las últimas semanas. En medio de esta situación, la inflación aún no está controlada completamente y el margen de maniobra del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda es limitado para reactivar la economía.
A esto se suman las fuertes expresiones de malestar social en distintos puntos del país. En Chocó y Buenaventura, la población reclama por las precarias condiciones de vida que se han perpetuado durante décadas, pese a las promesas reiteradas de los gobernantes por revertirlas. La imposibilidad de resolver esta situación en el corto plazo es preocupante, puesto que tiene una repercusión directa en la actividad productiva y en la competitividad de las empresas no solo en esos lugares, sino en todo el país.
De otro lado, los maestros también han exigido mejores condiciones laborales para llevar a cabo su trabajo, poniendo una vez más en jaque uno de los pilares del gobierno Santos: la educación. Si Colombia pretende ser la más educada de Latinoamérica a 2025, tendrá necesariamente que resolver las disputas al interior de este sector, a la vez que deberá involucrar a todos sus actores, maestros incluidos, en el logro de dicho objetivo.
Ahora bien, pese a tantas dificultades, lo último que el gobierno no se puede permitir es perder la confianza de quienes han venido acompañado la implementación de los acuerdos y aportado propuestas para que no se vulneren los principios de la economía de mercado y la iniciativa privada.
La confianza es una condición sine qua non para garantizar un futuro más promisorio, tanto en términos sociales como económicos. Cuando no hay confianza en las instituciones, los incentivos para invertir, asumir riesgos y movilizar talento a sectores más productivos se ven minados. Esto se traduce en bajo crecimiento y menores posibilidades de bienestar para la población en general.
En ese sentido, la protección de la propiedad privada, el acceso a garantías judiciales en condiciones de igualdad ante la ley y libre entrada de empresas, no pueden verse comprometidas bajo ninguna circunstancia.
Lograr un país en paz, con oportunidades de desarrollo disponibles para toda la población, especialmente para aquella que ha vivido durante décadas en las zonas más afectadas por el conflicto, requiere, necesariamente, de la realización de inversiones por parte del sector empresarial. Sin el desarrollo de actividades productivas lícitas y el acceso a mercados, será difícil que Colombia logre dar la vuelta a la página de la violencia y consolidarse como una nación próspera. Por eso y, así lo debe entender el gobierno, preservar la confianza es lo que más importa en este momento.
*Columna publicada en Portafolio
