Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2008-2009

Justicia

Tres factores son fundamentales para un adecuado desempeño de un sistema judicial que promueva la prosperidad colectiva: (1) la equidad del sistema, medida en términos de transparencia, independencia e imparcialidad; (2) la eficiencia del sistema, medida en términos de rapidez y costo; y (3) la predictibilidad del sistema, expresada en términos de seguridad jurídica y respeto a los derechos de la propiedad.

Independencia e imparcialidad (fairness) en el contexto del sistema judicial, pueden ser interpretadas como la aplicación consistente de la ley sin importar quienes sean las partes involucradas. La independencia se afecta cuando las decisiones judiciales provienen de influencias políticas, cuando las cortes no pueden asegurar que las otras entidades del gobierno obedecerán las sentencias, y cuando las partes privadas son muy poderosas y pueden influir en las decisiones de las cortes (Banco Mundial, 2002). La falta de independencia e imparcialidad del sistema afecta la predictibilidad de las sentencias judiciales, generando inseguridad jurídica.

Es innegable el esfuerzo constitucional que se ha hecho en Colombia para garantizar la independencia judicial tanto política como particular de los jueces. Sin embargo, y a pesar de que el país se encuentre por encima de la mayoría de los países de la región (Foro Económico Mundial, 2008-09), se
sigue percibiendo el sistema como poco independiente (véase Gráfico 34). Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta de calidad de la gestión estatal para el desarrollo empresarial (DANE, 2007), se le preguntó a los empresarios si éstos creían en la imparcialidad y claridad de los juicios en los tribunales; los resultados mostraron que tan sólo el 2,3% cree plenamente que sí lo son y el 36,8% cree parcialmente que los son, mientras que el 45,9% no lo cree y un 5,6% cree que los juicios no son nada imparciales ni claros. Esto evidencia que es necesaria la implementación de mecanismos que lleven a una mayor transparencia y rendición de cuenta en las acciones tomadas por los jueces.

 

 

La Constitución colombiana es muy rica en fundamentos jurídicos de independencia e imparcialidad judicial (de iure). Sin embargo, en la práctica esto no se percibe de la misma forma. En la Tabla 20 se puede observar que aunque Colombia y otros países de la región aparecen en los primeros puestos de mayor independencia “en el papel”, esto no siempre se traduce en una independencia e imparcialidad de hecho (de facto) (véase Gráfico 35). La experiencia internacional indica que la independencia de iure no ejerce ningún impacto sobre el crecimiento del PIB, mientras que la independencia de facto tiene una influencia positiva sobre el crecimiento del PIB. En un análisis con 66 países se encontró que “el cambio de una judicatura totalmente dependiente a una totalmente independiente generaría, si todo lo demás no varía, un aumento de las tasas de crecimiento del PIB de 1,5 a 2,1 puntos porcentuales” (Feld & Voigt, 2003).

 

 

 

Por lo anterior, el crecimiento económico del país se puede ver afectado si no se percibe transparencia del sistema judicial. La promesa de una judicatura independiente no es suficiente para atraer inversionistas adicionales: mientras los inversionistas no estén convencidos de que la judicatura será efectivamente imparcial, no modificarán su patrón de inversiones. “Una judicatura independiente puede en sí ser irresponsable y corrupta. Si los
jueces operan bajo controles externos inadecuados, cabe la oportunidad de que pequen de indolencia, arbitrariedad o venalidad. Los jueces deben ser imparciales así como independientes” (Transparency International, 2008, Pág. 18). Por tanto, para que exista confianza en el sistema judicial, a
la independencia hay que acompañarla con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas que aseguren la imparcialidad de las actuaciones
judiciales. En ese sentido, el sistema judicial de Colombia es percibido como equitativo comparado con los sistemas de nuestros principales competidores en la región con excepción de Chile, pero lejos todavía de los estándares de países de ingresos medios–altos (véase Gráfico 36).