Sistema tributario

Informe Nacional de Competitividad 2008-2009

Sistema tributario

Existe una clara relación entre impuestos y competitividad: la carga tributaria es un costo directo de hacer negocios que afecta la rentabilidad de las empresas; por lo tanto, a mayor carga tributaria mayores las dificultades para hacer negocios en un país. Lo anterior es especialmente cierto en el caso de la inversión extranjera. La estructura […]

Existe una clara relación entre impuestos y competitividad: la carga tributaria es un costo directo de hacer negocios que afecta la rentabilidad de las empresas; por lo tanto, a mayor carga tributaria mayores las dificultades para hacer negocios en un país. Lo anterior es especialmente cierto en el caso de la inversión extranjera. La estructura tributaria es uno de los factores que más inciden en la toma de decisiones de los inversionistas extranjeros y que más negativamente afectan a Colombia (FEM, 2008-2009). En un mundo donde la movilidad del capital es la regla, la definición de la carga de impuestos de un país necesariamente debe tener en cuenta las tendencias internacionales, so pena de que los inversionistas busquen otros lugares donde su inversión sea más atractiva.

Colombia continúa apareciendo muy rezagada en materia de tasas impositivas. A pesar de los avances recientes que han hecho que la tasa del impuesto de renta corporativa baje del 38,5% en 2006 (incluyendo la sobretasa a la tarifa del 35%), a 33% en 2008, Colombia todavía se encuentra en
la parte inferior del grupo de países de referencia que se utiliza en este informe (véase Gráfico 30). Esto se debe a que un número importante de países
también modificó hacia la baja su tarifa de renta corporativa y de manera más agresiva que Colombia (por ejemplo, sólo en el último año España disminuyó del 35% al 30%, Malasia del 28% al 26% y la República Checa del 24% al 21%).

 

 

Las tasas impositivas no son los únicos costos que en materia tributaria afectan el ambiente para hacer negocios de un país. La competitividad de un país puede verse afectada porque la regulación tributaria implique elevados costos de transacción derivados de los procedimientos y trámites que tienen que realizar los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias, incluyendo las departamentales y municipales.

Cabe resaltar el avance de 26 puestos en el ranking de pago de impuestos de Colombia en el último informe del Doing Business del Banco Mundial, debido fundamentalmente a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), que redujo el número de pagos que las empresas deben realizar en un año. Sin embargo, el puesto 141 es el segundo peor indicador de Colombia en materia de ambiente para hacer negocios (véase Gráfico 31).

 

 

Dos indicadores contemplados en el Doing Business 2009 que sirven para medir el grado de complejidad del sistema tributario de un país son: el número de procedimientos a realizar y el tiempo que éstos toman. Al comparar los Gráficos 32 y 33, se puede observar que uno de los principales
problemas en Colombia es la gran cantidad de procedimientos para realizar los pagos tributarios, frente a los demás países de la muestra, aunque
el tiempo requerido para cumplir con dichos procedimientos es relativamente bajo. Sin embargo, es de destacar el gran avance en materia de número de procedimientos en el último año, debido a la implementación de la PILA, como se indicó previamente.

Esta reducción en procedimientos no se ha visto reflejada en igual magnitud en el tiempo que toma realizarlos (véase Gráfico 32). Según las cifras del Doing Business 2009, las empresas en Colombia dedican aproximadamente el 45% de dicho tiempo al pago del IVA, 40% al pago de las contribuciones a la seguridad social y 15% al pago del impuesto sobre la renta.

 

 

La Ley 1111 de 2006 fue la última reforma tributaria, por lo que el balance del último año desde el punto de vista de la estructura tributaria de carácter legal, no tuvo cambios en Colombia. Sin embargo, durante este año, el gran cambio en materia tributaria fue la implementación y puesta en funcionamiento del régimen de zonas francas previsto en el Decreto 4051 del 23 de octubre de 2007. La nueva reglamentación de zonas francas se concibió como un mecanismo de atracción de nuevas inversiones y nuevos empleos, así como un incentivo para desarrollar proyectos industriales altamente productivos, precisamente como mecanismo para contrarrestar la poca competitividad de nuestras tasas impositivas generales.