Corrupción

Informe Nacional de Competitividad 2012-2013

Corrupción

La corrupción es, sin duda, el factor que más dificulta la realización de negocios en Colombia (Gráfico 1), y lo ha sido -según los empresarios-, desde 2009. Esto es preocupante debido a que, de acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de un país.

 

 

El fenómeno de la corrupción afecta, entre otras cosas, la estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera directa, el desarrollo de la pequeña empresa y la superación de la pobreza, tal como lo señala el Banco Mundial (World Bank, 2012). En primer lugar, la estabilidad macroeconómica se ve afectada por la pérdida de ingreso gubernamental derivada de menores impuestos, derechos aduaneros, etc. También se ve comprometida por un gasto excesivo producto de inversiones innecesarias en beneficio de intereses particulares, o incluso por desvío de recursos públicos a particulares sin justificación alguna (World Bank, 2012).

En segundo lugar, no obstante los países corruptos atraen cierto nivel de inversión extranjera, normalmente lo hacen respecto de industrias extractivas, manufactura ligera u operaciones comerciales, todas las cuales no generan mayor riqueza en el largo plazo y pueden ser relocalizadas en cualquier momento si la corrupción se vuelve sistémica. Esto sin contar el efecto social que produce la atracción de industrias con bajos estándares éticos a un país (World Bank, 2012). En tercer lugar, la corrupción incrementa los costos de hacer negocios, especialmente para las pequeñas empresas (Kaufmann, 1997). Para el caso colombiano, se cree que el pago de sobornos equivale al 11% o el 15% del valor de un contrato estatal (Confecámaras, 2002; y 2006).

Finalmente, la corrupción es un factor que perpetúa la pobreza, en la medida en que, según evidencia empírica, son los pobres quienes en general se ven más afectados por la ella. En efecto, la situación de las personas con menores ingresos es grave en los países corruptos, donde normalmente la prestación de servicios públicos básicos requiere del pago de sobornos (Paul, 1997).