Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2012-2013

Justicia

Nada más dañino para el desarrollo económico de un país que los vaivenes del aparato judicial, la falta de agilidad en la resolución de controversias, la incertidumbre sobre el marco legal que rige una inversión y la inseguridad sobre el momento exacto en que finaliza una disputa judicial (Mantilla-Serrano, 2011).

La doctrina sobre desarrollo económico coincide en afirmar que existe una relación de causa y efecto entre la calidad de la justicia y el nivel de competitividad de un país, de tal forma que a mayores niveles de seguridad jurídica mayor desarrollo económico y productividad (Posner 1998; Messick 1999; y Webber 2007). Asimismo, existe evidencia de que la ausencia de un sistema eficaz y a bajo costo de ejecución de contratos explica en buena parte el estancamiento económico de los países en vía de desarrollo (North, 1990).

Cuando las compañías tienen claridad sobre las normas jurídicas aplicables y cuentan con un sistema judicial ágil, profesional, independiente y estable en sus interpretaciones, tienen incentivos para iniciar, mantener o incrementar sus inversiones. No en vano los indicadores internacionales muestran una sólida correlación entre el grado de competitividad de una nación y su nivel de seguridad jurídica (Gráfico 1), de tal forma que a mayor
respeto de la Ley, eficiencia en la administración de justicia y transparencia en la resolución de conflictos, mayor productividad y desarrollo económico.

 

 

Según mediciones internacionales, Colombia es uno de los países con peores niveles de seguridad jurídica. La mora en la decisión de procesos judiciales, la inseguridad jurídica que generan las tutelas contra providencias y laudos arbitrales, las interpretaciones contradictorias de los jueces, la politización de la justicia, la percepción ciudadana sobre altos niveles de corrupción en la Rama Judicial, y la falta de tecnicismo de algunas decisiones judiciales, han ubicado al país en los últimos lugares en índices internacionales.

El pobre desempeño del sistema judicial colombiano también afecta la posición del país en los índices de competitividad global y constituye un
freno real para la realización de negocios en Colombia. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2012-2013 del World Economic Forum (WEF), el sistema judicial colombiano es percibido como uno de los más ineficientes de América Latina y del mundo. El país ocupa el lugar 97 entre 144 países en el indicador que mide la eficiencia del marco legal para resolver disputas. Asimismo, ocupa el puesto 96 en el indicador que mide el grado de independencia judicial (Gráfico 2).

 

 

En línea con lo anterior, según el Anuario de Competitividad Mundial 2012 del Institute for Management Development (IMD), el sistema judicial colombiano ocupa el puesto 53 entre 59 países. Asimismo, según la publicación Doing Business 2012, Colombia ocupa el puesto 149 entre 186 economías en el indicador que mide la facilidad para hacer cumplir un contrato judicialmente, y el número 25 entre 32 economías de América Latina y el Caribe (Gráfico 3)

 

 

Si bien los índices internacionales sobre justicia no son concluyentes –principalmente porque son construidos con base en encuestas de percepción–, sí constituyen un indicio sobre la mala situación de la justicia colombiana. En efecto, al comparar las cifras internacionales con las cifras nacionales sobre la rama judicial se aprecia que la situación, si bien no es tan grave como refleja el informe Doing Business, sí es bastante negativa.

Según el propio Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Colombia terminó 2011 con un inventario de 2’271.380 procesos judiciales represados (CSJ, 2012). Esto quiere decir que, si bien según cifras del CSJ la productividad de los jueces es hoy de 119% (es decir que de cada 100 procesos que ingresan a la Rama Judicial se evacúan 119), el inventario de procesos represados es tan alto que la mayor eficiencia de los funcionarios judiciales difícilmente se verá reflejada en un sistema judicial más ágil para los ciudadanos, por lo menos en el mediano plazo.

Más aún, según Transparencia Internacional, 45% de los colombianos describen el sistema judicial colombiano como corrupto (Transparency International, 2007), al tiempo que solo 34% de los colombianos confía en su sistema judicial (Centro Nacional de Consultoría, 2011).

El capítulo de Justicia del Informe Nacional de Competitividad 2012-2013, después de presentar algunos de los avances que ha tenido el país en el último año en materia de justicia y resolución de conflictos, menciona ciertos cuellos de botella que aún persisten en el sistema judicial colombiano y que afectan directamente la competitividad y productividad de las empresas. El capítulo no pretende analizar de forma exhaustiva, ni mucho menos, los problemas de la justicia colombiana, sino simplemente presentar algunas reflexiones sobre las políticas públicas judiciales que directa o indirectamente afectan las decisiones de inversión, la productividad y el desarrollo económico.