Resulta preocupante que más del 58% de las licitaciones públicas en el país contaran con un solo proponente, cifra que asciende al 65,1% para las licitaciones a nivel territorial.
La corrupción es un obstáculo para la economía colombiana. Así lo revela el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), que evidencia que ésta ha sido uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en el país durante los últimos diez años. Lo anterior coincide con diferentes estudios que comprueban que este fenómeno desestimula la inversión y el crecimiento económico, al tiempo que aumenta los niveles de desigualdad, e incluso distorsiona los incentivos del sector público, reduciendo su eficiencia. En consecuencia, no resulta sorprendente que los países más competitivos estén asociados a bajos niveles de corrupción.
Durante la última década Colombia no ha logrado mejorar en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, e incluso ha empeorado en temas como favoritismo, desvío de fondos públicos, sobornos, y comportamiento ético del sector privado. Dicha situación demuestra que los importantes avances normativos que ha tenido Colombia en la lucha contra la corrupción necesitan esfuerzos adicionales para avanzar de manera más clara. Se requiere de una estrategia integral que logre atacar las diferentes causas que explican este fenómeno, las cuales pueden abarcar diferentes frentes, incluyendo el económico, el sancionatorio, el educativo y el cultural, entre otros.
Gráfico 1. Índice de percepción de la corrupción (0-100, donde 100 representa un país con corrupción nula). Colombia y países de referencia, 2015.
Fuente: Transparencia Internacional.
La corrupción en Colombia afecta tanto al sector público como al sector privado. En el primer caso, resulta preocupante que, de acuerdo con Transparencia Internacional, Colombia es un país con una percepción alta de corrupción pública. Colombia se ubica en la posición 83 entre 167 países en esta dimensión, muy alejada del promedio de la OCDE y de líderes regionales como Uruguay y Chile.
Los retos de corrupción en el sector público son aún más evidentes a nivel territorial. En este sentido, se observa que, al revisar el Índice de Gobierno Abierto -el cual evalúa el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción mediante las buenas prácticas en organización, exposición y diálogo de la información en entidades territoriales- es evidente el espacio de mejora que aún tienen muchos gobiernos locales para cumplir con los estándares adecuados anticorrupción.
Por otro lado, la falta de competencia en los procesos de contratación pública prende una alarma sobre las posibles irregularidades que se cometen en este tipo de procesos, las cuales pueden responder a situaciones de corrupción. En este sentido, al analizar una muestra representativa de licitaciones públicas adjudicadas en 2014 en Colombia, se observa que existe una competencia muy baja en esta modalidad de contratación. Resulta preocupante que más del 58% de las licitaciones públicas en el país contaran con un solo proponente, cifra que asciende al 65,1% para las licitaciones a nivel territorial.
Gráfico 4. Porcentaje de licitaciones públicas con un único proponente: Total, nacional y territorial, 2014*.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en SECOP.
*Nota 1: Tamaño de la muestra: 368 licitaciones públicas.
*Nota 2: Para aquellas licitaciones públicas con más de un adjudicado, el número de proponentes se calculó como el total de proponentes sobre el total de adjudicados.
En el caso del sector privado, se resalta el hecho de que el soborno es visto como una de las prácticas más comunes de corrupción en el entorno empresarial colombiano. Así lo revelan diversos estudios y encuestas que se han hecho en los últimos años. En particular, la última encuesta global de fraude realizada por Ernst & Young muestra que el 80% de los encuestados en Colombia considera que los sobornos son recurrentes en los negocios. En comparación con los países de referencia, dicho porcentaje únicamente es superado por Brasil y México.
Por su parte, la última encuesta sobre prácticas contra el soborno de Transparencia por Colombia y la Universidad Externado revela que más del 70% de las empresas encuestadas estiman que el valor del contrato que se paga de manera secreta para ganar la adjudicación de contratos se encuentra entre el 0% y el 20%, con un promedio ponderado de 17,3%.
Así mismo, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad, Colombia presenta un desempeño muy pobre en términos del comportamiento ético de las firmas en su interacción con otros actores públicos y privados. A pesar de que el país supera a algunos países de la región en esta dimensión, se encuentra muy alejado del promedio de países de la OCDE.
Gráfico 7. Comportamiento ético de las firmas (1-7, donde 7 representa el mejor desempeño). Colombia y países de referencia, 2015.
Fuente: WEF.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente cuadro se presentan las principales recomendaciones que se proponen desde el CPC para reducir de manera efectiva la corrupción en el sector público y en el privado. Dichas recomendaciones responden a acciones públicas, privadas, regulatorias o público-privadas.
Fuente: Transparencia Internacional.
La corrupción en Colombia afecta tanto al sector público como al sector privado. En el primer caso, resulta preocupante que, de acuerdo con Transparencia Internacional, Colombia es un país con una percepción alta de corrupción pública. Colombia se ubica en la posición 83 entre 167 países en esta dimensión, muy alejada del promedio de la OCDE y de líderes regionales como Uruguay y Chile.
Los retos de corrupción en el sector público son aún más evidentes a nivel territorial. En este sentido, se observa que, al revisar el Índice de Gobierno Abierto -el cual evalúa el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción mediante las buenas prácticas en organización, exposición y diálogo de la información en entidades territoriales- es evidente el espacio de mejora que aún tienen muchos gobiernos locales para cumplir con los estándares adecuados anticorrupción.
Por otro lado, la falta de competencia en los procesos de contratación pública prende una alarma sobre las posibles irregularidades que se cometen en este tipo de procesos, las cuales pueden responder a situaciones de corrupción. En este sentido, al analizar una muestra representativa de licitaciones públicas adjudicadas en 2014 en Colombia, se observa que existe una competencia muy baja en esta modalidad de contratación. Resulta preocupante que más del 58% de las licitaciones públicas en el país contaran con un solo proponente, cifra que asciende al 65,1% para las licitaciones a nivel territorial.
Gráfico 4. Porcentaje de licitaciones públicas con un único proponente: Total, nacional y territorial, 2014*.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en SECOP.
*Nota 1: Tamaño de la muestra: 368 licitaciones públicas.
*Nota 2: Para aquellas licitaciones públicas con más de un adjudicado, el número de proponentes se calculó como el total de proponentes sobre el total de adjudicados.
En el caso del sector privado, se resalta el hecho de que el soborno es visto como una de las prácticas más comunes de corrupción en el entorno empresarial colombiano. Así lo revelan diversos estudios y encuestas que se han hecho en los últimos años. En particular, la última encuesta global de fraude realizada por Ernst & Young muestra que el 80% de los encuestados en Colombia considera que los sobornos son recurrentes en los negocios. En comparación con los países de referencia, dicho porcentaje únicamente es superado por Brasil y México.
Por su parte, la última encuesta sobre prácticas contra el soborno de Transparencia por Colombia y la Universidad Externado revela que más del 70% de las empresas encuestadas estiman que el valor del contrato que se paga de manera secreta para ganar la adjudicación de contratos se encuentra entre el 0% y el 20%, con un promedio ponderado de 17,3%.
Así mismo, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad, Colombia presenta un desempeño muy pobre en términos del comportamiento ético de las firmas en su interacción con otros actores públicos y privados. A pesar de que el país supera a algunos países de la región en esta dimensión, se encuentra muy alejado del promedio de países de la OCDE.
Gráfico 7. Comportamiento ético de las firmas (1-7, donde 7 representa el mejor desempeño). Colombia y países de referencia, 2015.
Fuente: WEF.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente cuadro se presentan las principales recomendaciones que se proponen desde el CPC para reducir de manera efectiva la corrupción en el sector público y en el privado. Dichas recomendaciones responden a acciones públicas, privadas, regulatorias o público-privadas. Recomendaciones
