En Colombia se necesitan 1.288 días -lo equivalente a tres años y medio- para resolver una disputa comercial en primera instancia.
Un sistema judicial que no funciona correctamente es uno de los principales impedimentos para lograr altos niveles de desarrollo económico. En particular, la desconfianza en la justicia y la inseguridad jurídica –que trae como consecuencia incertidumbre respecto al tiempo que se puede tomar la resolución de una disputa– incrementan los costos para hacer negocios y reducen los incentivos para invertir, limitando así la competitividad de un país.
El panorama de la justicia colombiana de los últimos diez años resulta alarmante. En la última década, Colombia ha ocupado los últimos lugares a nivel mundial en el número de días para hacer cumplir un contrato, cifra que supera los tres años. Más aún, la percepción respecto a la eficiencia del marco legal para resolver disputas ha disminuido, al tiempo que han aumentado los costos asociados a la resolución de disputas contractuales. A esto se suma un bajo grado de independencia judicial -entendida como la imparcialidad por parte de los jueces-, y los crecientes escándalos de corrupción que en los últimos años han perjudicado a la justicia colombiana, poniendo en tela de juicio su credibilidad. Bajo este contexto, son evidentes los retos que tiene la justicia colombiana en diferentes frentes, particularmente en su credibilidad, eficiencia y calidad, aspectos que inciden directamente en la competitividad empresarial.
Gráfico 1. Índice de Imperio de la Ley (0-1, donde 1 representa un mejor desempeño). Colombia y países de referencia, 2015.
Fuente: World Justice Project.
En lo que se refiere a la credibilidad, vale la pena destacar que, de acuerdo con la última encuesta de cultura política realizada por el DANE, el 40,7% de los colombianos adultos no confía en los jueces y magistrados, percepción que ha aumentado un punto porcentual desde el año 2013. Más allá de esto, es alarmante que los jueces y magistrados ocupen el tercer lugar en términos de desconfianza, superando únicamente al Congreso de la República y a los partidos políticos.
En términos de eficiencia, se observa que en Colombia se necesitan 1.288 días -lo equivalente a tres años y medio- para resolver una disputa comercial en primera instancia. Colombia se demora cinco veces más que Corea del Sur para hacer cumplir un contrato, y un año y medio más que Brasil, el segundo país con peor desempeño dentro de los países de referencia. En particular, es alarmante el tiempo que toman las fases de juicio y sentencia y de enforcement de la sentencia.
Gráfico 6. Número de días para hacer cumplir un contrato. Colombia y países de referencia, 2015.
Fuente: Doing Business.
Por su parte, aunque el Plan Nacional de Descongestión ha sido uno de los principales programas de la rama judicial para mejorar su eficiencia -mediante la creación de cargos dedicados exclusivamente a esa tarea-, desde el año 2010 apenas se han evacuado en promedio 10% de los egresos totales gracias a este Plan y su eficiencia está en descenso. Esta proporción se queda muy corta si se tiene en cuenta que esta ha sido la estrategia principal de descongestión del país y que además ha contado con recursos significativos.
Con respecto a la calidad de la justicia, se observa que la rama judicial colombiana se percibe como muy poco independiente. Esto significa que las decisiones de los jueces parecen estar influenciadas por diferentes grupos de interés, situación que pone en peligro la calidad de las decisiones y la seguridad jurídica.
Gráfico 10. Independencia Judicial (1-7, donde 7 representa un mejor desempeño).Colombia y países de referencia, 2016*.
Fuente: WEF
*Como se ha documentado, la independencia judicial se puede entender en al menos tres dimensiones: i) Imparcialidad de los jueces; ii) Autonomía interpretativa; y iii) Insularidad política de la rama judicial (Uprimny, 2014). La información acá presentada solo contempla la primera dimensión.
Ahora bien, se deben evaluar los mecanismos de atracción de capital humano de alta calidad al sistema judicial. Si bien la remuneración del recurso humano de la rama judicial se ha incrementado en los últimos años, dicho aumento no ha estado acompañado de unos mayores requisitos de entrada a la rama, lo cual implica que, aunque se esté ofreciendo altos incentivos económicos para realizar este tipo de labores, no necesariamente se está atrayendo a los mejores profesionales para impartir justicia en Colombia. Se destaca la labor de juez, que ha tenido incrementos de un promedio del 8% anual en sus ingresos totales, y sin embargo, cuentan con requisitos académicos y laborales muy bajos que no parecen suficientes para una labor de la que depende, en gran medida, la calidad de la justicia en el país.
Bajo este panorama, el capítulo de Justicia sugiere una serie de recomendaciones con las que se busca mejorar la credibilidad, eficiencia y calidad de la justicia colombiana, específicamente en la rama judicial.
Fuente: World Justice Project.
En lo que se refiere a la credibilidad, vale la pena destacar que, de acuerdo con la última encuesta de cultura política realizada por el DANE, el 40,7% de los colombianos adultos no confía en los jueces y magistrados, percepción que ha aumentado un punto porcentual desde el año 2013. Más allá de esto, es alarmante que los jueces y magistrados ocupen el tercer lugar en términos de desconfianza, superando únicamente al Congreso de la República y a los partidos políticos.
En términos de eficiencia, se observa que en Colombia se necesitan 1.288 días -lo equivalente a tres años y medio- para resolver una disputa comercial en primera instancia. Colombia se demora cinco veces más que Corea del Sur para hacer cumplir un contrato, y un año y medio más que Brasil, el segundo país con peor desempeño dentro de los países de referencia. En particular, es alarmante el tiempo que toman las fases de juicio y sentencia y de enforcement de la sentencia.
Gráfico 6. Número de días para hacer cumplir un contrato. Colombia y países de referencia, 2015.
Fuente: Doing Business.
Por su parte, aunque el Plan Nacional de Descongestión ha sido uno de los principales programas de la rama judicial para mejorar su eficiencia -mediante la creación de cargos dedicados exclusivamente a esa tarea-, desde el año 2010 apenas se han evacuado en promedio 10% de los egresos totales gracias a este Plan y su eficiencia está en descenso. Esta proporción se queda muy corta si se tiene en cuenta que esta ha sido la estrategia principal de descongestión del país y que además ha contado con recursos significativos.
Con respecto a la calidad de la justicia, se observa que la rama judicial colombiana se percibe como muy poco independiente. Esto significa que las decisiones de los jueces parecen estar influenciadas por diferentes grupos de interés, situación que pone en peligro la calidad de las decisiones y la seguridad jurídica.
Gráfico 10. Independencia Judicial (1-7, donde 7 representa un mejor desempeño).Colombia y países de referencia, 2016*.
Fuente: WEF
*Como se ha documentado, la independencia judicial se puede entender en al menos tres dimensiones: i) Imparcialidad de los jueces; ii) Autonomía interpretativa; y iii) Insularidad política de la rama judicial (Uprimny, 2014). La información acá presentada solo contempla la primera dimensión.
Ahora bien, se deben evaluar los mecanismos de atracción de capital humano de alta calidad al sistema judicial. Si bien la remuneración del recurso humano de la rama judicial se ha incrementado en los últimos años, dicho aumento no ha estado acompañado de unos mayores requisitos de entrada a la rama, lo cual implica que, aunque se esté ofreciendo altos incentivos económicos para realizar este tipo de labores, no necesariamente se está atrayendo a los mejores profesionales para impartir justicia en Colombia. Se destaca la labor de juez, que ha tenido incrementos de un promedio del 8% anual en sus ingresos totales, y sin embargo, cuentan con requisitos académicos y laborales muy bajos que no parecen suficientes para una labor de la que depende, en gran medida, la calidad de la justicia en el país.
Bajo este panorama, el capítulo de Justicia sugiere una serie de recomendaciones con las que se busca mejorar la credibilidad, eficiencia y calidad de la justicia colombiana, específicamente en la rama judicial. 
