Salud

Informe Nacional de Competitividad 2017-2018

Salud

La eficiencia del sistema de salud es una de las condiciones básicas para la competitividad de un país, ya que la salud de la población es un determinante de la productividad del capital humano y, por ende, tiene un efecto central sobre el crecimiento.

Salud y productividad

Una situación deficiente de salud reduce la participación laboral y afecta el desempeño económico. Para el caso colombiano, la Encuesta de Calidad de Vida muestra que, durante 2016, siete de cada diez personas reportadas en la categoría ‘estado de salud muy bueno’ decidieron trabajar o buscar trabajo. En el otro extremo, si las personas se reportaban en la categoría ‘estado de salud malo’, esta cifra se reducía a solo cuatro de cada diez personas.

Además de ver afectada su participación en el mercado laboral, las personas que declaran problemas de salud evidencian una disminución significativa en el número de horas trabajadas. En 2016, aquellos que manifestaron estar enfermos trabajaron aproximadamente una cuarta parte de la cantidad de horas trabajadas en promedio (11,2 horas a la semana en promedio vs. 43,3 horas de aquellos que no reportaron enfermedad). Si se supone que la producción de cada trabajador es igual a su salario, la reducción en el número de horas trabajadas se puede valorar en $ 392 mil millones por mes o 0,5 % del PIB.

Calidad y acceso

Uno de los principales retos del sistema de salud es garantizar el acceso efectivo a los servicios, ya que las barreras que impiden su uso siguen siendo muy altas en la práctica. Las barreras de oferta, es decir, aquellas atribuibles al prestador de los servicios y no a los usuarios, permanecen en niveles elevados. Como muestra el Gráfico, durante el año 2016 el 27 % de las personas con problemas de salud no recibió atención médica debido a este tipo de obstáculos. Las razones más prevalentes son las citas distanciadas en el tiempo, los trámites excesivos y los tiempos de espera para la atención.

Sostenibilidad financiera

Hasta la entrada en vigor de la Ley Estatutaria de Salud, el plan de beneficios estaba delimitado por una lista explícita de procedimientos y medicamentos, aunque en la práctica se había visto ampliado implícitamente a través de acciones de tutela y decisiones de los comités técnico-científicos. El rubro correspondiente a estos gastos creció exponencialmente a partir del año 2007 hasta convertirse en un factor de riesgo para la sostenibilidad del sistema. Dado que la Ley Estatutaria de Salud contempla un plan de beneficios amplio en el que solo determinadas exclusiones aplican, se espera que la figura de los recobros desaparezca, si bien el sistema de salud continúa financiando estos gastos mediante la herramienta Mipres de acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria que señala la salud como un derecho fundamental.

Además, la ausencia de un adecuado régimen de solvencia para los hospitales públicos sumada a fallas de supervisión en el sistema de salud, favoreció el clientelismo, las prácticas inapropiadas en las compras públicas y los retrasos en los pagos por parte de las EPS. Aunque el Gobierno nacional ha adoptado medidas de saneamiento para contener la situación (en particular, el Decreto 2702/2014 que unificó condiciones de solvencia para las EPS como respaldo para cubrir las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud), el 38 % de los hospitales y centros de salud públicos aún presenta algún tipo de riesgo financiero.

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