Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2018-2019

Justicia

Un sistema judicial que genere confianza a sus ciudadanos, eficiente y con profesionales de las más altas cualidades es fundamental para contar con un crecimiento sostenido y de largo plazo. Sin embargo, Colombia presenta retos en cada una de estas tres áreas.

RecomendaciónPlazo¿Quién puede hacer
la diferencia?
Tipo de
recomendación
Modificar la Ley 5 de 1992 para crear una instancia que reemplace a la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes
MedianoCongreso de la República y Consejo Superior de la
Judicatura
Acción regulatoria
Acelerar la implementación de la Comisión de Disciplina JudicialCortoCongreso de la República, Consejo Superior de la Judicatura y Ministerio de Justicia y del DerechoAcción regulatoria
Mejorar los perfiles de los magistrados del Consejo Superior de la JudicaturaCortoConsejo Superior de la JudicaturaAcción pública
Fortalecer la rendición de cuentas de la rama judicialCortoAltas cortes y Ministerio de Justicia y del DerechoAcción pública
Modernizar, consolidar y dar independencia al Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, a través de una modificación de la Ley Estatutaria de la Administración en Justicia (Ley 270 de 1996)MedianoMinisterio de Justicia y del DerechoAcción regulatoria
Garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de la rama judicialMedianoMinisterio de Justicia y del DerechoAcción pública
Implementar modelos diferenciados de gestión judicial para los despachos, las oficinas
de reparto judicial y las oficinas de apoyo administrativo
MedianoConsejo Superior de la JudicaturaAcción pública
Promover el uso de los métodos de resolución de conflictos y su implementación virtualMedianoMinisterio de Justicia y de Derecho y cámaras de comercioAcción pública
Crear un servicio de triage para clasificar los conflictos que ingresen a la rama judicialCortoConsejo Superior de la Judicatura y Ministerio de Justicia y del DerechoAcción pública
Mejorar el modelo de casas de justicia para la provisión formal de servicios judiciales en los territoriosMedianoMinisterio de Justicia y del DerechoAcción pública
Implementar el expediente digital CortoConsejo Superior de la Judicatura Acción públicaAcción pública
Elevar los perfiles para ser juez y fortalecer la carrera judicialMedianoConsejo Superior de la JudicaturaAcción regulatoria
Promover el uso de sentencias de unificaciónCortoAltas cortesAcción regulatoria
Establecer las sentencias de unificación como fuente principal de derechoLargoMinisterio de Justicia y del Derecho y Consejo Superior de la JudicaturaAcción regulatoria
Desmontar las tutelas contra sentencias judiciales y compilar las normas que regulan su ejercicioMedianoMinisterio de Justicia y del Derecho y Consejo Superior de la JudicaturaAcción regulatoria
Poner en marcha la propuesta para aumentar la calidad en los programas de DerechoMedianoMinisterio de Justicia y del Derecho y Ministerio de EducaciónAcción pública

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2017-2018

Justicia

La credibilidad, eficiencia y calidad de la justicia son pilares centrales en la construcción de un ambiente propicio para el desarrollo económico. Ahora bien, durante más de diez años, el país ha ocupado los últimos lugares en el mundo en el número de días para hacer cumplir un contrato, cifra que supera los tres años. Más aún, la percepción respecto a la eficiencia del marco legal para resolver disputas ha disminuido, al tiempo que aumentan los costos asociados para resolver desacuerdos contractuales. A esto se suman un bajo grado de independencia judicial –entendida como imparcialidad por parte de los jueces– y los crecientes escándalos de corrupción que en los últimos años han perjudicado a la justicia colombiana, poniendo en tela de juicio su credibilidad.

Credibilidad

En el caso de la credibilidad, la justicia en Colombia presenta un alto grado de impunidad ya que se ubica dentro de los cinco países más impunes, junto con México, Filipinas, Rusia y Turquía, según el Índice Global de Impunidad elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Además, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, la impunidad en el delito de homicidio es alta, solo en 22 casos de cada 100 asesinatos una persona responde ante los jueces y un poco más de 10 llegan a la obtención de una condena (Fiscalía General de la Nación, 2016).

 

Eficiencia

El Doing Business estima el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, teniendo en cuenta las tres etapas en que se resuelve la disputa: tiempo de presentación y notificación de la demanda, tiempo del juicio y tiempo para la ejecución de la sentencia. Por otro lado, el costo se muestra como un porcentaje del valor de la demanda, considerando todos los gastos y honorarios que debe adelantar el demandante ante el tribunal.  Mientras en Colombia se necesita 1.288 días y un 46 % del valor demandado para el cumplimiento de un contrato, en países como Corea del Sur apenas se requiere 290 días y 13% del valor demandado.

 

Calidad

Según los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas, la independencia judicial es un concepto de acuerdo con el cual los jueces pueden dar soluciones con imparcialidad, fundamentándose en los hechos y sin restricciones ni influencias (Naciones Unidas, 1985). Contar con buenos resultados en materia de independencia judicial se identifica en la literatura como un buen predictor del crecimiento del PIB y la estabilidad política, en la medida en que garantizan el cumplimiento de los contratos y aumentan el poder de las cortes para ejercer una revisión judicial efectiva (Feld y Voigt, 2003; Tommasi, Iaryczower y Spiller, 2002). Al respecto, el indicador de independencia judicial muestra, en una escala de 1 a 7, qué tan independiente es la justicia en el país de la influencia de miembros del gobierno, ciudadanos y firmas. En la medición más reciente, Colombia obtuvo un resultado de 2,96 sobre 7, por lo que solo supera a México entre los países de referencia. Además, el país perdió más de 40 posiciones en la última década.

Recomendaciones

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2008-2009

Justicia

Tres factores son fundamentales para un adecuado desempeño de un sistema judicial que promueva la prosperidad colectiva: (1) la equidad del sistema, medida en términos de transparencia, independencia e imparcialidad; (2) la eficiencia del sistema, medida en términos de rapidez y costo; y (3) la predictibilidad del sistema, expresada en términos de seguridad jurídica y respeto a los derechos de la propiedad.

Independencia e imparcialidad (fairness) en el contexto del sistema judicial, pueden ser interpretadas como la aplicación consistente de la ley sin importar quienes sean las partes involucradas. La independencia se afecta cuando las decisiones judiciales provienen de influencias políticas, cuando las cortes no pueden asegurar que las otras entidades del gobierno obedecerán las sentencias, y cuando las partes privadas son muy poderosas y pueden influir en las decisiones de las cortes (Banco Mundial, 2002). La falta de independencia e imparcialidad del sistema afecta la predictibilidad de las sentencias judiciales, generando inseguridad jurídica.

Es innegable el esfuerzo constitucional que se ha hecho en Colombia para garantizar la independencia judicial tanto política como particular de los jueces. Sin embargo, y a pesar de que el país se encuentre por encima de la mayoría de los países de la región (Foro Económico Mundial, 2008-09), se
sigue percibiendo el sistema como poco independiente (véase Gráfico 34). Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta de calidad de la gestión estatal para el desarrollo empresarial (DANE, 2007), se le preguntó a los empresarios si éstos creían en la imparcialidad y claridad de los juicios en los tribunales; los resultados mostraron que tan sólo el 2,3% cree plenamente que sí lo son y el 36,8% cree parcialmente que los son, mientras que el 45,9% no lo cree y un 5,6% cree que los juicios no son nada imparciales ni claros. Esto evidencia que es necesaria la implementación de mecanismos que lleven a una mayor transparencia y rendición de cuenta en las acciones tomadas por los jueces.

 

 

La Constitución colombiana es muy rica en fundamentos jurídicos de independencia e imparcialidad judicial (de iure). Sin embargo, en la práctica esto no se percibe de la misma forma. En la Tabla 20 se puede observar que aunque Colombia y otros países de la región aparecen en los primeros puestos de mayor independencia “en el papel”, esto no siempre se traduce en una independencia e imparcialidad de hecho (de facto) (véase Gráfico 35). La experiencia internacional indica que la independencia de iure no ejerce ningún impacto sobre el crecimiento del PIB, mientras que la independencia de facto tiene una influencia positiva sobre el crecimiento del PIB. En un análisis con 66 países se encontró que “el cambio de una judicatura totalmente dependiente a una totalmente independiente generaría, si todo lo demás no varía, un aumento de las tasas de crecimiento del PIB de 1,5 a 2,1 puntos porcentuales” (Feld & Voigt, 2003).

 

 

 

Por lo anterior, el crecimiento económico del país se puede ver afectado si no se percibe transparencia del sistema judicial. La promesa de una judicatura independiente no es suficiente para atraer inversionistas adicionales: mientras los inversionistas no estén convencidos de que la judicatura será efectivamente imparcial, no modificarán su patrón de inversiones. “Una judicatura independiente puede en sí ser irresponsable y corrupta. Si los
jueces operan bajo controles externos inadecuados, cabe la oportunidad de que pequen de indolencia, arbitrariedad o venalidad. Los jueces deben ser imparciales así como independientes” (Transparency International, 2008, Pág. 18). Por tanto, para que exista confianza en el sistema judicial, a
la independencia hay que acompañarla con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas que aseguren la imparcialidad de las actuaciones
judiciales. En ese sentido, el sistema judicial de Colombia es percibido como equitativo comparado con los sistemas de nuestros principales competidores en la región con excepción de Chile, pero lejos todavía de los estándares de países de ingresos medios–altos (véase Gráfico 36).

 

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2010-2011

Justicia

El sistema judicial colombiano presenta fallas en su eficiencia, las cuales obstaculizan la capacidad del Estado tanto para solucionar las controversias de sus ciudadanos como para hacer cumplir la ley.

Uno de los factores que más influyen en la decisión de invertir en un determinado país o región es la capacidad estatal de proteger de forma real y efectiva los derechos económicos de los particulares. En la medida en que un Estado pueda garantizar que tanto los derechos como las obligaciones contraídas en su territorio se harán respetar, mayor va a ser el emprendimiento, la generación de empleo y el crecimiento económico del mismo. Es precisamente por lo anterior que es de fundamental importancia optimizar la eficiencia del sistema judicial colombiano, teniendo en cuenta que este tiene un efecto sistémico sobre la competitividad. Dicho efecto consiste en que un servicio de justicia deficiente se traduce en un ambiente de incertidumbre respecto a la apropiabilidad de los retornos privados de las actividades económicas, lo cual frena el desarrollo de dichas actividades y, en consecuencia, restringe el tamaño de los mercados, así como reduce la intensidad de la competencia y el ritmo de innovación de un país. Tal círculo vicioso, por su parte, genera un impacto negativo sobre la productividad.

Para empezar, es importante resaltar que el sistema judicial colombiano presenta grandes falencias que afectan de manera directa la competitividad del país. Lo anterior se evidencia en el indicador que muestra la percepción de la eficiencia del Ordenamiento Jurídico para la resolución de controversias del Foro Económico Mundial (FEM), en el que nuestro país ocupa el puesto 87 entre 139 países, con un puntaje de 3,4 sobre 7 (donde un puntaje de 1 implica una percepción de que el sistema es muy ineficiente y 7 de que es bastante eficiente) (ver Gráfico 1). Asimismo, la necesidad de mejora del sistema judicial colombiano la demuestra el indicador que mide la percepción del imperio de la ley del IPRI, en el que Colombia ocupa el puesto 84 entre 125 países, con una calificación de 4 sobre 10 (donde una calificación de 0 implica que no existe confianza en el imperio de la ley y una de 10 sugiere que hay total confianza en este) (ver Gráfico 2).

 

 

 

Tal situación es altamente preocupante por cuanto pone de presente que el Estado colombiano experimenta deficiencias en su capacidad para resolver los conflictos de sus ciudadanos y, por ende, para hacer cumplir las leyes en todo el territorio nacional. Dichas deficiencias, por su parte, generan un ambiente de incertidumbre capaz de desincentivar de forma significativa la realización de negocios en el país. En este punto es fundamental resaltar que las limitaciones en la capacidad estatal para resolver los conflictos de los particulares son de suma gravedad, teniendo en cuenta que la tasa de ocurrencia de conflictos en 2009 fue de 6.000 conflictos por cada 100.000 habitantes, casi duplicando esta misma tasa en el año 19972, la cual fue de 3.345 conflictos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, las falencias del sistema judicial colombiano no solo ponen en riesgo los derechos de los colombianos sino que demuestran debilidades
manifiestas en el Estado como tal. Esto último en la medida en que la principal razón de ser del Estado moderno es monopolizar el uso de la fuerza
legítima dentro un determinado territorio y sobre una población específica, con el fin de evitar el uso de la violencia privada en la resolución de conflictos entre particulares, mediante la utilización de las instancias estatales competentes. Si bien en los últimos años se han presentado grandes avances en la materia, es posible afirmar que tal objetivo se está logrando parcialmente en nuestro país ya que, a pesar de que el uso del aparato judicial (tasa de denuncia) se ha incrementado en los últimos años en Colombia al pasar de 52,2% en 1997 a 58,2% en 2009, en este último año la tasa de abstención de denuncia fue de 34,6% y la tasa de actuación extraprocesal fue de 7,3%5 (ver Grafico 3). Tales debilidades, por su parte, generan una sensación de ilegitimidad e incredulidad en el Estado que frenan la inversión y el emprendimiento en el país.

 

 

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2011-2012

Justicia

La inseguridad jurídica colombiana proviene de diversas fuentes. Sin embargo, la demora en el trámite y decisión de los procesos judiciales es la principal causa de incertidumbre legal. Un proceso judicial puede tomar hasta diez años en resolverse, lo que en la práctica equivale a una denegación de justicia.

Uno de los mayores desincentivos para hacer negocios es la inseguridad jurídica. Cuando los empresarios no tienen certeza sobre las reglas que rigen su inversión, o no cuentan con mecanismos ágiles, eficaces y predecibles para hacerlas cumplir, frenan su emprendimiento o asumen un costo muy alto para realizarlo.

Los países con seguridad jurídica promueven el desarrollo económico y la competitividad;1 no solo porque legalmente garantizan los derechos de propiedad y el respeto por los contratos, sino porque cuentan con sistemas judiciales eficientes y estables para lograr su efectiva protección. Por esta razón, donde hay seguridad jurídica, hay inversión, empleo, crecimiento económico y prosperidad.

La evidencia empírica muestra que la ausencia de un sistema eficaz y económico de ejecución de contratos; es decir, la ausencia de una buena justicia, explica en buena parte el estancamiento económico de los países en vía de desarrollo. Altos costos de transacción, bajos incentivos para cumplir la ley y los contratos, dificultad para redistribuir el ingreso y promoción de la violencia, son algunas de las consecuencias que se derivan de un sistema judicial inoperante.

Apesar de múltiples esfuerzos, Colombia sigue teniendo uno de los sistemas judiciales más ineficientes del mundo. Según Doing Business 2012, Colombia ocupa el puesto 149 entre 183 países en el indicador que mide la eficiencia judicial (Gráfico 1). Así mismo, el Informe de Competitividad Global 2011-2012, del Foro Económico Mundial (FEM), pone a Colombia en el puesto 88 entre 142 países en el indicador que mide la eficiencia del marco legal para resolver disputas (Gráfico 2). El país retrocedió un puesto en relación con los resultados del Informe de Competitividad Global 2010-2011, mientras Malasia aumentó 13 puestos, Brasil ocho, Turquía siete, Suráfrica tres, y España, Perú, México y Corea uno. Finalmente, Colombia ocupa el puesto 88 entre 142 en el indicador que mide el imperio de la ley en los países (rule of law) publicado por el International Property Rights Index (IPRI).

 

 

 

 

Se debe resaltar, no obstante, que un estudio realizado por el Banco Mundial sobre expedientes judiciales en juzgados civiles municipales de Bogotá6 determinó que la duración promedio para hacer cumplir un contrato es de 751 días (incluyendo proceso ordinario y obtención del pago). Este último estudio presenta una diferencia de 595 días con respecto al resultado de Doing Business 2012, que estima el tiempo para ejecutar un contrato en 1.346 días, lo cual tiene su razón de ser en la diferencia de metodologías utilizadas en los estudios: mientras Doing Business 2012 es un estudio de percepción, el estudio del Banco Mundial de juzgados civiles municipales es un estudio de campo.

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2012-2013

Justicia

Nada más dañino para el desarrollo económico de un país que los vaivenes del aparato judicial, la falta de agilidad en la resolución de controversias, la incertidumbre sobre el marco legal que rige una inversión y la inseguridad sobre el momento exacto en que finaliza una disputa judicial (Mantilla-Serrano, 2011).

La doctrina sobre desarrollo económico coincide en afirmar que existe una relación de causa y efecto entre la calidad de la justicia y el nivel de competitividad de un país, de tal forma que a mayores niveles de seguridad jurídica mayor desarrollo económico y productividad (Posner 1998; Messick 1999; y Webber 2007). Asimismo, existe evidencia de que la ausencia de un sistema eficaz y a bajo costo de ejecución de contratos explica en buena parte el estancamiento económico de los países en vía de desarrollo (North, 1990).

Cuando las compañías tienen claridad sobre las normas jurídicas aplicables y cuentan con un sistema judicial ágil, profesional, independiente y estable en sus interpretaciones, tienen incentivos para iniciar, mantener o incrementar sus inversiones. No en vano los indicadores internacionales muestran una sólida correlación entre el grado de competitividad de una nación y su nivel de seguridad jurídica (Gráfico 1), de tal forma que a mayor
respeto de la Ley, eficiencia en la administración de justicia y transparencia en la resolución de conflictos, mayor productividad y desarrollo económico.

 

 

Según mediciones internacionales, Colombia es uno de los países con peores niveles de seguridad jurídica. La mora en la decisión de procesos judiciales, la inseguridad jurídica que generan las tutelas contra providencias y laudos arbitrales, las interpretaciones contradictorias de los jueces, la politización de la justicia, la percepción ciudadana sobre altos niveles de corrupción en la Rama Judicial, y la falta de tecnicismo de algunas decisiones judiciales, han ubicado al país en los últimos lugares en índices internacionales.

El pobre desempeño del sistema judicial colombiano también afecta la posición del país en los índices de competitividad global y constituye un
freno real para la realización de negocios en Colombia. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2012-2013 del World Economic Forum (WEF), el sistema judicial colombiano es percibido como uno de los más ineficientes de América Latina y del mundo. El país ocupa el lugar 97 entre 144 países en el indicador que mide la eficiencia del marco legal para resolver disputas. Asimismo, ocupa el puesto 96 en el indicador que mide el grado de independencia judicial (Gráfico 2).

 

 

En línea con lo anterior, según el Anuario de Competitividad Mundial 2012 del Institute for Management Development (IMD), el sistema judicial colombiano ocupa el puesto 53 entre 59 países. Asimismo, según la publicación Doing Business 2012, Colombia ocupa el puesto 149 entre 186 economías en el indicador que mide la facilidad para hacer cumplir un contrato judicialmente, y el número 25 entre 32 economías de América Latina y el Caribe (Gráfico 3)

 

 

Si bien los índices internacionales sobre justicia no son concluyentes –principalmente porque son construidos con base en encuestas de percepción–, sí constituyen un indicio sobre la mala situación de la justicia colombiana. En efecto, al comparar las cifras internacionales con las cifras nacionales sobre la rama judicial se aprecia que la situación, si bien no es tan grave como refleja el informe Doing Business, sí es bastante negativa.

Según el propio Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Colombia terminó 2011 con un inventario de 2’271.380 procesos judiciales represados (CSJ, 2012). Esto quiere decir que, si bien según cifras del CSJ la productividad de los jueces es hoy de 119% (es decir que de cada 100 procesos que ingresan a la Rama Judicial se evacúan 119), el inventario de procesos represados es tan alto que la mayor eficiencia de los funcionarios judiciales difícilmente se verá reflejada en un sistema judicial más ágil para los ciudadanos, por lo menos en el mediano plazo.

Más aún, según Transparencia Internacional, 45% de los colombianos describen el sistema judicial colombiano como corrupto (Transparency International, 2007), al tiempo que solo 34% de los colombianos confía en su sistema judicial (Centro Nacional de Consultoría, 2011).

El capítulo de Justicia del Informe Nacional de Competitividad 2012-2013, después de presentar algunos de los avances que ha tenido el país en el último año en materia de justicia y resolución de conflictos, menciona ciertos cuellos de botella que aún persisten en el sistema judicial colombiano y que afectan directamente la competitividad y productividad de las empresas. El capítulo no pretende analizar de forma exhaustiva, ni mucho menos, los problemas de la justicia colombiana, sino simplemente presentar algunas reflexiones sobre las políticas públicas judiciales que directa o indirectamente afectan las decisiones de inversión, la productividad y el desarrollo económico.

 

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2013-2014

Justicia

Uno de los desincentivos más grandes para hacer negocios es la falta de mecanismos para poder, ejecutar contratos y hacer cumplir las reglas de juego. Cuando los empresarios no tienen certeza sobre las reglas de juego que rigen su inversión, o no cuentan con mecanismos ágiles, eficaces y predecibles para hacerlas cumplir, frenan su emprendimiento o asumen un costo muy alto para realizarlo. Por tanto, para que el país sea competitivo, es fundamental una justicia ágil, eficiente y transparente.

Los procesos de reforma a la justicia en Colombia tradicionalmente han asumido que la expedición de nuevas leyes (los nuevos códigos procesales y el nuevo estatuto arbitral, por mencionar algunas) automáticamente va a mejorar la eficiencia de la justicia y va a descongestionar los juzgados. Esto no necesariamente es así. Como bien lo explica el Banco Mundial, las capacidades organizacionales, los sistemas de incentivos y la adecuada implementación de las reformas (adecuación de infraestructura física y tecnológica, entre otras) son los factores que determinan si las reformas legales van a tener un impacto o no (Klaus Decker, 2011).

En este sentido, los países que más han avanzado en los indicadores de eficiencia en el ranking de Doing Business del Banco Mundial o el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), por ejemplo, son aquellos que han mejorado sustancialmente los procesos gerenciales, logísticos y tecnológicos de la justicia (Banco Mundial, 2010). La clave para los países más exitosos no ha sido tanto una mejora a las leyes procesales, aunque estas tengan un impacto importante, sino una mejora en la gerencia de la Rama Judicial. Esta mejora gerencial se traduce en el uso efectivo de recursos financieros y la implementación de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, países como Botsuana, Etiopía y Jordania han logrado implementar efectivamente herramientas tecnológicas para gestionar los procesos judiciales. Estos sistemas han logrado reducir la duración de los procesos en 30% (Banco Mundial, 2010). Tal como lo pone de presente el Banco Mundial, si el país quiere mejorar la eficiencia de la justicia, hay que cambiar el enfoque “tradicional” que se les da a los instrumentos de reforma y pasar a enfoques que mejoren la productividad del sistema (Klaus Decker, 2011).

La gran acumulación de procesos hace necesario mejorar los actuales índices de productividad de la Rama si el país quiere llegar a tener un sistema judicial eficiente en el mediano plazo. Según datos del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), el índice de evacuación parcial (IEP) global para la justicia fue 114,2% (ver gráfico 1). Esto significa que actualmente de cada 100 procesos que ingresan a la Rama Judicial se evacúan 114. Si se mantiene constante el número de procesos que ingresan durante los próximos cinco años, la Rama Judicial debe llegar a un IEP de por lo menos 117%, y mantenerlo constante para tener una justicia al día para 2018.

 

 

Un aspecto que vale la pena resaltar es que, a pesar que la productividad promedio de la justicia es 114%, la productividad promedio de la Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura) es 82,8%. El promedio del índice de evacuación de las Altas Cortes es inferior al promedio de los Tribunales Superiores (112,5%) y los juzgados (112,6%) de la Jurisdicción Ordinaria (ver gráfico 2).

 

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2016-2017

Justicia

En Colombia se necesitan 1.288 días -lo equivalente a tres años y medio- para resolver una disputa comercial en primera instancia.

Un sistema judicial que no funciona correctamente es uno de los principales impedimentos para lograr altos niveles de desarrollo económico. En particular, la desconfianza en la justicia y la inseguridad jurídica –que trae como consecuencia incertidumbre respecto al tiempo que se puede tomar la resolución de una disputa– incrementan los costos para hacer negocios y reducen los incentivos para invertir, limitando así la competitividad de un país.

El panorama de la justicia colombiana de los últimos diez años resulta alarmante. En la última década, Colombia ha ocupado los últimos lugares a nivel mundial en el número de días para hacer cumplir un contrato, cifra que supera los tres años. Más aún, la percepción respecto a la eficiencia del marco legal para resolver disputas ha disminuido, al tiempo que han aumentado los costos asociados a la resolución de disputas contractuales. A esto se suma un bajo grado de independencia judicial -entendida como la imparcialidad por parte de los jueces-, y los crecientes escándalos de corrupción que en los últimos años han perjudicado a la justicia colombiana, poniendo en tela de juicio su credibilidad. Bajo este contexto, son evidentes los retos que tiene la justicia colombiana en diferentes frentes, particularmente en su credibilidad, eficiencia y calidad, aspectos que inciden directamente en la competitividad empresarial.

Gráfico 1. Índice de Imperio de la Ley (0-1, donde 1 representa un mejor desempeño). Colombia y países de referencia, 2015.
justicia1
Fuente: World Justice Project.

En lo que se refiere a la credibilidad, vale la pena destacar que, de acuerdo con la última encuesta de cultura política realizada por el DANE, el 40,7% de los colombianos adultos no confía en los jueces y magistrados, percepción que ha aumentado un punto porcentual desde el año 2013. Más allá de esto, es alarmante que los jueces y magistrados ocupen el tercer lugar en términos de desconfianza, superando únicamente al Congreso de la República y a los partidos políticos.

En términos de eficiencia, se observa que en Colombia se necesitan 1.288 días -lo equivalente a tres años y medio- para resolver una disputa comercial en primera instancia. Colombia se demora cinco veces más que Corea del Sur para hacer cumplir un contrato, y un año y medio más que Brasil, el segundo país con peor desempeño dentro de los países de referencia. En particular, es alarmante el tiempo que toman las fases de juicio y sentencia y de enforcement de la sentencia.

Gráfico 6. Número de días para hacer cumplir un contrato. Colombia y países de referencia, 2015.

justicia6

Fuente: Doing Business.

Por su parte, aunque el Plan Nacional de Descongestión ha sido uno de los principales programas de la rama judicial para mejorar su eficiencia -mediante la creación de cargos dedicados exclusivamente a esa tarea-, desde el año 2010 apenas se han evacuado en promedio 10% de los egresos totales gracias a este Plan y su eficiencia está en descenso. Esta proporción se queda muy corta si se tiene en cuenta que esta ha sido la estrategia principal de descongestión del país y que además ha contado con recursos significativos.

Con respecto a la calidad de la justicia, se observa que la rama judicial colombiana se percibe como muy poco independiente. Esto significa que las decisiones de los jueces parecen estar influenciadas por diferentes grupos de interés, situación que pone en peligro la calidad de las decisiones y la seguridad jurídica.

Gráfico 10. Independencia Judicial (1-7, donde 7 representa un mejor desempeño).Colombia y países de referencia, 2016*.

justicia10

Fuente: WEF
*Como se ha documentado, la independencia judicial se puede entender en al menos tres dimensiones: i) Imparcialidad de los jueces; ii) Autonomía interpretativa; y iii) Insularidad política de la rama judicial (Uprimny, 2014). La información acá presentada solo contempla la primera dimensión.

Ahora bien, se deben evaluar los mecanismos de atracción de capital humano de alta calidad al sistema judicial. Si bien la remuneración del recurso humano de la rama judicial se ha incrementado en los últimos años, dicho aumento no ha estado acompañado de unos mayores requisitos de entrada a la rama, lo cual implica que, aunque se esté ofreciendo altos incentivos económicos para realizar este tipo de labores, no necesariamente se está atrayendo a los mejores profesionales para impartir justicia en Colombia. Se destaca la labor de juez, que ha tenido incrementos de un promedio del 8% anual en sus ingresos totales, y sin embargo, cuentan con requisitos académicos y laborales muy bajos que no parecen suficientes para una labor de la que depende, en gran medida, la calidad de la justicia en el país.

Bajo este panorama, el capítulo de Justicia sugiere una serie de recomendaciones con las que se busca mejorar la credibilidad, eficiencia y calidad de la justicia colombiana, específicamente en la rama judicial.

Recomendaciones

Justicia

Informe Nacional de Competitividad 2014-2015

Justicia

Existe consenso por parte de múltiples actores en el país sobre la necesidad de mejorar el sistema judicial colombiano. A pesar de esto, la eficiencia y la efectividad de dicho sistema han tenido muy pocos avances durante los últimos años, situación que se ve reflejada en las calificaciones y percepciones sobre el aparato judicial colombiano en diversos indicadores internacionales. 

Por ejemplo, en el indicador de “Eficiencia del marco legal para resolver disputas”, contenido en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés), Colombia ha mantenido una calificación promedio de 3,35 sobre 7 entre los años 2010 y 2014, cifra que refleja los rezagos que tiene el país en esta materia.

Gráfico 1: Marco legal para resolver disputas, 2014. (Ranking entre 144 países)

justicia 1

Fuente: WEF (2014).

El mejoramiento real del sistema judicial colombiano requiere que se cumplan ciertos criterios de calidad, entre los que se incluyen la independencia, la autonomía y la protección del derecho. En este sentido, las decisiones judiciales de calidad son fundamentales para incrementar la legitimidad, la credibilidad y la confianza del sector productivo y de la sociedad en general en la justicia. En primer lugar, es importante mencionar que la calidad de la justicia empieza por contar en esta rama con un capital humano altamente formado, con elevados estándares de profesionalización, sofisticación conceptual y pensamiento crítico. Sin embargo, de acuerdo con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en la rama judicial colombiana menos del 3% de sus funcionarios cuenta con estudios de maestría o doctorado.

Gráfico 2: Nivel educativo de la Rama Judicial.

justicia 2

Fuente: SIGEP (2014)

Recomendaciones

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