Un sinnúmero de factores explican el atraso rural en Colombia. Entre estos se destacan la limitada conectividad con el resto del país, la falta de servicios públicos básicos y la baja productividad de las actividades agropecuarias, todos determinantes para llevar progreso y bienestar al campo colombiano.
No obstante, atacar estos factores individualmente es insuficiente si no se soluciona antes la razón que los origina: la incertidumbre jurídica sobre la tenencia de tierra. En Colombia, los datos de la Misión Rural muestran que la informalidad en la tenencia de tierras afecta al menos a tres quintas partes de los predios del país. Ocho millones de predios rurales carecen de título de propiedad y solo el 21 por ciento del territorio tiene un catastro actualizado, mientras que el resto no tiene información o ha estado desactualizado por más de 11 años.
Las implicaciones de esto no son triviales. Para habitantes de veredas dedicados al comercio, la informalidad les impide acceder a crédito. Para campesinos y empresarios del campo, tanto pequeños como de gran escala, la opacidad sobre las delimitaciones de linderos y titularidad de las fincas impide estructurar proyectos agroindustriales. Y para compañías de infraestructura o energía, la incertidumbre sobre la propiedad eleva los riesgos y hace inviables proyectos que podrían conectar a vastas zonas rurales.
Para revertir esto, el Estado debe hacer un esfuerzo enorme para dar certidumbre a la tierra rural, y buena parte de la tarea la tendrá el Congreso. Sobre la titularidad y el uso social de los predios, el Ministerio de Agricultura elaboró, el año pasado, un proyecto de ley de tierras que contó con el apoyo del expertos, académicos y empresarios. Este cierra la puerta a interpretaciones peligrosas sobre el uso de la expropiación y la extinción de dominio, dando garantías a la propiedad privada. Además, reconoce que en el campo existe una amplia diversidad de actividades productivas legítimas –como la infraestructura, el turismo y los mineroenergéticos– que pueden coexistir con la economía agrícola. Por último, clarifica, de una vez por todas, la acumulación ilegal de terrenos baldíos, recogiendo lo manifestado por la Corte Constitucional mediante su sentencia C-177. Luego de transitar una consulta previa, el Congreso tendrá la responsabilidad de discutir y aprobar de manera responsable esta reforma.
En complemento a la Ley de Tierras, cursa en el Congreso un proyecto de ley para la elaboración de un catastro multipropósito. En este caso, el Congreso haría bien en reorientar la iniciativa para evitar ciertos efectos perversos y sentar las bases para una visión moderna del catastro.
En primer lugar, se debe conciliar, de una vez por todas, las características físicas del predio con las que aparecen en los registros jurídicos esas inconsistencias truncan muchos proyectos. Segundo, se debe descentralizar el proceso para que no dependa de la capacidad limitada del Igac y permita la participación de operadores privados e innovadores del barrido catastral. Tercero, debe garantizarse que la financiación no esté atada solo a los recursos del posconflicto. Y por último, la ley debe sentar las bases para que el país tenga un catastro moderno y fácil de actualizar (por ejemplo, mediante el uso de tecnologías digitales como el blockchain).
Con estos elementos en juego, el Congreso tendrá la oportunidad de poner en marcha el desarrollo del campo y, con este, una de las promesas centrales del posconflicto. Ojalá los actuales y nuevos congresistas estén a la altura del reto
*Columna publicada en Portafolio
