Es bien sabido que el mejoramiento de la competitividad es un proceso eminentemente regional y local. Si bien las instituciones del orden nacional deben mejorar el entorno económico y las condiciones para hacer negocios, lo cierto es que cada región debe construir sobre sus potencialidades específicas y debe solucionar cuellos de botella propios para atraer inversiones productivas. Al fin y al cabo, la competitividad de un país es un agregado de la competitividad de cada una de sus regiones.
A pesar del consenso sobre la importancia de las regiones en materia de competitividad (en todos los eventos se repite que “la competitividad es local”) y de que se han hecho esfuerzos para fortalecer las Comisiones Regionales de Competitividad, es necesario entender la profundidad de los retos que implica poner a las regiones en el centro de la competitividad del país.
A nivel regional, las experiencias internacionales indican que la capacidad de instituciones público-privadas es un ingrediente necesario para el éxito. Regiones con actores públicos y privados visionarios, dispuestos a tomar decisiones estratégicas, a construir sobre lo construido por sus antecesores, y a trabajar conjuntamente para potenciar las oportunidades de su territorio, han logrado transformar sus economías de sectores en declive hacia sectores dinámicos de alto valor agregado y sofisticación.
Esta ha sido la experiencia de ciudades pequeñas del sur de Estados Unidos como Greenville (Carolina del Sur) y Conover (Carolina del Norte), que pasaron de depender de una industria con graves presiones competitivas como la textil a sectores dinámicos como el automotriz y la industria de confecciones de alto valor agregado. Mientras que Greenville apalancó su transformación hacia el sector automotriz a través de un centro de investigación aplicado de excelencia mundial (Clemson University International Center for Automotive Research), Conover hizo lo propio hacia confecciones de alto valor agregado a través de una iniciativa (Manufacturing Solution Center) que presta servicios de apoyo a las empresas como testeo, entrenamiento, y desarrollo de productos, entre otros.
A nivel nacional, el principal reto consiste en implementar una política de desarrollo productivo con instrumentos potentes que permitan a las regiones mejorar su desempeño económico a partir de sus características particulares. De esta manera, esta política debe tener un enfoque bottom-up y debe ser lo suficientemente flexible para impactar de manera efectiva la dinámica de desarrollo productivo de las regiones. Para esto, es necesario priorizar el apoyo financiero del presupuesto nacional hacia iniciativas que afecten el entorno y las condiciones competitivas de las regiones de manera sostenible. Este enfoque es el utilizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, agencia que hizo posible la implementación de las iniciativas público-privadas de Greenville y Conover, a través de apoyo financiero.
Es fundamental que tanto el Gobierno nacional como los actores regionales (tanto públicos como privados) resuelvan estos retos y que la comunicación Gobierno nacional-regiones parta de las condiciones específicas y de los planes estratégicos de cada región. De lo contrario, la frase “la competitividad es local” no será más que una buena intención.
