Columna publicada en Portafolio.
Se acercan la firma del acuerdo de paz y el plebiscito, y en este último los colombianos podrán manifestar su apoyo o rechazo. Si las encuestas recientes son correctas, ganará el SÍ, y empezará una nueva etapa de posconflicto, marcada por enormes retos: viejos y nuevos. Para enfrentarlos, será necesario tener instituciones de calidad en todo el territorio, algo en lo que el país no se destaca.
De hecho, las encuestas de opinión –Gallup, Latinbarómetro, entre otras– dan cuenta de los malos resultados en este frente. Además, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 114 entre 144 países en el pilar de instituciones, con brechas en lo que tiene que ver con independencia de la justicia, confianza en los políticos, y estándares éticos en interacciones públicas y privadas.
Como lo define el nobel de Economía Douglas North, “las instituciones son aquellas reglas de juego diseñadas por el hombre, que asignan incentivos a sus acciones y que pueden ser formales o informales”. Las primeras, las formales, son las plasmadas en leyes reconocidas legalmente, con mecanismos definidos para hacerlas cumplir. Las informales responden a normas de comportamiento que se encuentran implícitas en una sociedad, producto de la costumbre, y que explican, en parte, la propensión a actuar de una u otra manera.
Para entender lo que dice North, basta con observar lo que pasa con la corrupción en Colombia. Para combatirla, se han creado instituciones como el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Transparencia, que, sin duda, representan un gran avance normativo a favor de la competitividad. Pese a esto, en lo formal, los logros concretos en reducción son escasos. No hay reunión, foro o debate en el que este flagelo no salga a relucir como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social.
Algo similar pasa con el pago de impuestos. El Estatuto Tributario establece una serie de reglas para la tributación, que, de cumplirse, deberían producir un monto de recaudo suficiente para acometer las inversiones que se requieren. Lo cierto es que, por cuenta de la alta evasión –23 por ciento en IVA y 39 por ciento en renta, atribuible a la cultura de las personas– , lo que ingresa es bajo.
Mejorar la calidad de las instituciones es, entonces, un requisito para el éxito del posconflicto. Si bien se va a requerir una serie de leyes y normas, el gran reto está en aquella parte informal de las instituciones, como lo entiende North.
Esta parece una tarea etérea y poco concreta, pero ciertamente no lo es. En Colombia tenemos ejemplos contundentes que muestran que las normas de comportamiento pueden estudiarse y transformarse en beneficio de la sociedad. La intervención que lideró Antanas Mockus en Bogotá para modificar reglas de convivencia es uno de los ejemplos más exitosos en el mundo, como lo ha documentado el Centro de Liderazgo Público de la Universidad de Harvard y la Nobel de Economía Elinor Ostrom.
Veinte años después de ese experimento de Mockus, otros países han tomado la delantera en formular políticas públicas alrededor del comportamiento ciudadano. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido logró aumentar el recaudo tributario en cerca de 15 millones de libras esterlinas a costo cero, solo entendiendo que los británicos tenían ciertas reglas de comportamiento que podían modificarse.
Este enfoque debe convertirse en una de las prioridades del gobierno y el sector privado, pues solo así se podrá superar el formalismo y construir verdaderas instituciones, capaces de cumplir con las responsabilidades que a todos impone el posconflicto.
