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¿Por qué es importante la corrupción para la competitividad?
Odebrecht, los millonarios desfalcos en el Programa de Alimentación Escolar o los carteles de contratación pública son algunos de los escándalos de corrupción más sonados en el país. Aunque muchos de estos casos están relacionados con el sector público, la corrupción es un asunto que sobrepasa la esfera gubernamental y se manifiesta a través de fenómenos como la captura estatal, la que se genera cuando el sector privado adquiere influencia en la gestión pública para obtener ganancias (Hellman, Jones y Kaufmann, 2000; Arangadoña, 2003; Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2007).
La mayor consecuencia de la corrupción para la competitividad es su costo de oportunidad implícito, que termina por perjudicar a toda la sociedad. Por ejemplo, la corrupción resta capacidad y recursos estatales a la hora de emprender funciones clave, como el recaudo de impuestos o la provisión de bienes públicos, afectando el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas (Ivanyna, Moumouras y Rangazas, 2016; International Monetary Fund, 2018).
¿Cómo está Colombia en materia de corrupción?
Aunque en Colombia se han emprendido importantes acciones institucionales y regulatorias para enfrentar la corrupción, en 2018 el país reportó su peor desempeño, desde 2012, en el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, el cual evalúa la percepción de la corrupción en el sector público.
Altos niveles de percepción de corrupción en el sector público coinciden con un gran número de noticias relacionadas en la prensa nacional y regional. De hecho, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción, en Colombia el tipo de corrupción más denunciado corresponde en su inmensa mayoría a la corrupción administrativa con un 73 % (Gráfica 1). Por su parte, al analizar la naturaleza de la corrupción pública, se destaca que el 37 % de los delitos identificados se llevaron a cabo en el ámbito de la contratación pública (Gráfica 1).
Gráfica 1. Actos de corrupción registrados en medios por tipo y naturaleza. Colombia, 2012-2018.
| El tipo de corrupción más denunciado es la administrativa, con un 73 %. De esta clase de delitos, el 37 % ocurrió en el ámbito de la contratación pública. |
Fuente: Monitor ciudadano de la Corrupción-Transparencia por Colombia (2019).
A pesar del alto número de actos de corrupción registrados en medios de comunicación relacionados con el sector público, las cifras revelan que en Colombia el uso de prácticas corruptas, como el soborno, se extiende al ámbito empresarial. Por ejemplo, en la Gráfica 2 se observa que el porcentaje de encuestados en Colombia (15 %) que manifiesta utilizar sobornos para asegurar contratos con el gobierno es mayor al de América Latina (14 %). Así mismo, el monto necesario para asegurar un contrato en el país supera lo requerido en la región.
Gráfica 2. Uso del soborno en el contexto de negocios. Colombia y América Latina, 2018.
| El porcentaje de firmas que ofrece sobornos en Colombia es mayor a lo reportado por América Latina, y el monto necesario para asegurar un contrato en el país supera a lo requerido en la región. |
Fuente: Banco Mundial (2018).
¿Qué implica una lucha integral contra la corrupción?
Para disminuir la corrupción tanto en el sector público como privado se requiere de un enfoque que sobrepase las reformas tradicionales. En este caso, a partir del discurso de instituciones de North (1991) se podría proponer una agenda integral que impacte las instituciones o reglas de juego, tanto formales como informales, que son las que rigen el comportamiento social.
Por un lado, las reglas formales son aquellas plasmadas en normas reconocidas legalmente que cuentan con mecanismos de cumplimiento. Entre algunas estrategias prioritarias para combatir la corrupción desde el ámbito formal se cuentan la implementación total y obligatoria del Sistema de Compra Pública (Secop) II, modificar el presupuesto de inversión regionalizado para acabar con los famosos “cupos indicativos” y cambiar el sistema de financiamiento de las campañas políticas.
Por otro lado, la cultura, las normas sociales y las tradiciones son instituciones informales o aquellas que implícitas en una sociedad explican el actuar de las personas. Por ejemplo, la literatura reciente ha destacado que las normas sociales están correlacionadas con la probabilidad de que las personas evadan impuestos o paguen sobornos (DeBacker, Heim y Tran, 2015; Abbink, Freidin, Gangadharan y Moro, 2018).
La Gráfica 3 pone en evidencia esta relación utilizando el Índice de Capital Social del Legatum Institute y el indicador de control de la corrupción del Banco Mundial. El Índice de Capital Social evalúa la confianza en las relaciones interpersonales, la fortaleza de las normas sociales y el nivel de participación cívica en cada país. Por su parte, en el indicador de control de la corrupción un mayor valor representa una alta capacidad de los países para impedir que el Estado se vea capturado por intereses privados. En la Gráfica 3 se observa que países con mayor capital social tienen mayor control de la corrupción, como es el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica, mientras que México, Brasil y Colombia obtienen resultados inferiores en materia de control de la corrupción y capital social.
Gráfica 3. Capital social y control de la corrupción. Colombia y países del mundo, 2018.
Fuente: Banco Mundial (2018) para control de la corrupción y Legatum Institute (2018) para capital social.
Incluir lecciones anticorrupción en el aula escolar, adoptar el uso de estructuras de datos inteligentes y criptomonedas para disuadir la corrupción y aumentar la veeduría ciudadana y diseñar políticas públicas que apliquen las ciencias del comportamiento, son algunas de las estrategias para afectar las reglas de juego informales.
Por lo tanto, una reforma integral contra la corrupción no se logra únicamente con iniciativas tradicionales realizadas desde el campo legal. Esto requiere ir más allá y hacer uso de acciones creativas que desde la tecnología, las ciencias del comportamiento y la educación de los más jóvenes cambien el sistema de incentivos con el que las personas deciden, o no, cometer actos corruptos.
Si está interesado en leer más sobre este tema y conocer en detalle las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad, lo invitamos a consultar nuestro Informe Nacional de Competitividad y, en particular, el capítulo sobre Corrupción.
Elaborado por Indira Margarita Porto Gutiérrez, investigadora asociada del Consejo Privado de Competitividad, con base en el capítulo Corrupción del Informe Nacional de Competitividad 2019-2020.
Marzo de 2020
Referencias
Arangadoña, A. (2003). Private-to-private Corruption. Journal of Business Ethics, 253-267.
DeBacker, J., Heim, B. y Tran, A. (2015). Importing Corruption Culture from Overseas: Evidence from Corporate Tax Evasion in the United States. Journal of Financial Economics, 122-138.
Hellman, J., Jones, G. y Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies.
International Monetary Fund. (2018). Fiscal Monitor: Curbing Corruption. Obtenido de https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019.
Ivanyna, M., Moumouras, A. y Rangazas, P. (2016). The Culture of Corruption, Tax Evasion, and Economic Growth. Economic Inquiry, 520-542.
Kaufmann, D., Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2007). Measuring Corruption: Myths and Realities. Washington D. C.
North, D. (1991). Institutions. Journal of economic perspectives, 97-112.
