Después del impacto negativo de la pandemia en crecimiento, empleo, pobreza y otros indicadores de desarrollo, Colombia se destacó por tener uno de los procesos de reactivación más vigorosos de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de toda la región. Tasas de crecimiento de 10,6 % en 2021 y un proyectado alrededor de 7,6 % en 2022, junto con la reactivación del comercio internacional y términos de intercambio favorables, jalonaron la recuperación del empleo, volvieron a poner en una senda decreciente los índices de pobreza, y aportaron al recaudo tributario y al ingreso por regalías.
Estas buenas noticias deben ser entendidas como un respiro que nos permite pensar de nuevo en el largo plazo y buscar soluciones que hasta ahora nos han eludido, atrapados frecuentemente por consideraciones de corto plazo, de equilibrios parciales, que nos alejan de caminar por un rumbo, quizá más empinado, pero más prometedor para el bienestar de la ciudadanía.
Si algo de positivo pudo tener la pandemia, fue ponernos a todos en la misma página respecto de las brechas estructurales y retos de competitividad que el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha documentado a lo largo de 15 años de informes nacionales de competitividad. Quedaron en evidencia las brechas educativas, de salud, de infraestructura y logística. Durante la pandemia y el proceso de reactivación, las asimetrías entre hombres y mujeres y jóvenes en el mercado laboral se hicieron palpables, con tasas de desempleo para mujeres y jóvenes mucho más elevadas y una recuperación desigual en 2021 y 2022.
La respuesta del Gobierno a la pandemia a través de medidas de apoyo al ingreso de los hogares y a empresas, con procesos de modernización estatal, se enfrentó al reto de hacerlo en una economía con tasas de informalidad de 58,1 %, según los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde tanto empresas como hogares están por fuera del alcance del Estado. Las desigualdades se profundizaron, y las divisiones entre formales e informales determinaron los impactos diferenciales en las regiones del país, por grupos etarios, y por niveles de ingresos.
El esfuerzo fiscal que demandó el COVID-19, en una coyuntura de desaceleración internacional empeorada por el conflicto en Ucrania y los aumentos generalizados en la inflación, configura un escenario difícil para la política económica. Las decisiones del Gobierno en todos los pilares de competitividad, desde las condiciones básicas de eficiencia del Estado, justicia e infraestructura, pasando por el fortalecimiento de la educación y la salud, incluyendo el funcionamiento del mercado laboral, el sistema tributario y la financiación empresarial, hasta llegar al impulso a la sofisticación y la innovación, van a ser fundamentales para afrontar los retos del 2023 y no perder de vista los objetivos de largo plazo por los que tanto tenemos que trabajar. El inicio de gobierno, y el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, crean una buena oportunidad para revisar el diagnóstico de competitividad que ofrece el CPC anualmente en su informe y pensar conjuntamente en ideas complementarias que surjan de la reflexión que el informe genere.
Este año, el CPC le presenta al país un informe que recoge en 16 capítulos un diagnóstico independiente y riguroso de los factores necesarios para lograr ser más productivos y, de esta manera, alcanzar mayores niveles de bienestar para toda la población. Tenemos varias innovaciones, incluyendo árboles de problemas, indicaciones de interrelaciones entre capítulos en las recomendaciones, y guías para poder priorizar recomendaciones. Presentamos adicionalmente un ejemplo de alguna buena práctica o experiencia en políticas públicas para inspirar soluciones. Finalmente, ofrecemos una separata especial en la que se explora un tema transversal que permea todos los capítulos.
Este año la separata se titula “Bajando la cerca: reduciendo las barreras a la inclusión”, y en ella brindamos un marco conceptual para pensar en la naturaleza de nuestras regulaciones, la manera en la que formulamos política pública, sus justificaciones y objetivos, y los efectos indeseados que se pueden derivar de ellos. La separata, y todos los capítulos del informe de este año, exploran la manera en la que la regulación en Colombia en muchas ocasiones establece estándares inalcanzables para muchas unidades productivas y personas que, al no lograr cumplirlos, se ven relegadas a la informalidad.
La informalidad, entendida como una situación donde no se cumple con todas las condiciones impuestas por la normatividad, es un fenómeno particularmente perverso en Colombia en tanto conlleva a niveles muy bajos de productividad y deja a las personas sumidas en trampas de pobreza. En muchos casos la regulación busca objetivos deseables de política —productos de mejor calidad, mejores ingresos salariales, seguridad para consumidores—, pero no crea rutas de generación de capacidades para que nuevas empresas y personas puedan alcanzarlos. Solo grandes empresas y personas con niveles de educación y de ingresos muy por encima del promedio de la población logran participar plenamente de la formalidad.
Ser parte del mundo formal en Colombia implica no solo tener acceso a bienes públicos generales y específicos, sino que también supone contribuir a su financiación. Con un sector formal pequeño que debe responder por la financiación del Estado, las tasas de contribución deben ser elevadas, y aun así resultan insuficientes para las necesidades de un Estado efectivo y eficiente. La informalidad, además, reduce el acceso y los incentivos a oportunidades de crecimiento y de generación de capacidades. En todas las áreas importantes para la competitividad encontramos que se replica este fenómeno de exclusión e incentivos perversos que disuaden a la gente de hacer inversiones y emprender rutas de mejoramiento.
A partir de estas observaciones, encontramos que hay una correspondencia importante entre inclusión, sostenibilidad y competitividad. Los mismos factores que generan exclusión afectan la competitividad, e impiden que las empresas y los hogares transformen sus formas de consumo y de producción hacia modelos más sostenibles.
¿Cómo salir de este mal equilibrio? El informe, como todos los años, propone unas recomendaciones basadas en el diagnóstico de cada capítulo. Este año, adicionalmente, incluimos una priorización de acciones y la identificación de algunas que están relacionadas entre capítulos. Como todos los años, también mencionamos las recomendaciones hechas en el pasado y las que han sido acogidas, y enfatizamos la importancia de dar continuidad a políticas que representan avances y corregir el rumbo donde sea necesario.
También buscamos subrayar que se requiere el esfuerzo intersectorial, entre el sector público y el privado, a niveles nacional y subnacional, para superar las barreras que impiden que todos podamos alcanzar nuestras metas y realizar nuestras aspiraciones. Muchas de estas recomendaciones involucran evaluar en mayor detalle el efecto de políticas públicas, leyes, regulaciones en los incentivos y desincentivos que creamos en la sociedad. Todas buscan identificar maneras de hacer que los mercados y el sector privado funcionen mejor para todos, y lograr una participación eficiente del Estado que complementa, facilita y potencia la iniciativa privada y desde la sociedad civil y la academia.
La competitividad entendida de esta manera no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para lograr objetivos de política que resulten en mayor bienestar para todos. Escribiendo este informe en paralelo con la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, quisiéramos destacar la importancia de cada uno de los capítulos de este documento para el logro de los pilares de dicho plan: Justicia Ambiental, Justicia Económica y Justicia Social, conducentes a la paz total. Los seis ejes del plan coinciden frecuentemente con los capítulos que presentamos y deben ser vistos como herramientas que pueden contribuir a lograr los objetivos de desarrollo con inclusión y sostenibilidad.
El CPC es un centro de pensamiento impulsado por el sector privado con el ánimo de ser un interlocutor propositivo y una plataforma de articulación entre empresas, academia, sociedad civil, y Gobierno. Extendemos un agradecimiento a todos los miembros del CPC, y en particular a su Consejo Directivo, por su apoyo decidido e incondicional a nuestras actividades. A su presidente Josefina Agudelo y a su vicepresidente Ernesto Fajardo, y a los miembros César Caicedo, Roberto Junguito, Ricardo Sierra, Miguel Cortés, Luis Felipe Arrubla y David Bojanini: gracias a su compromiso y visión el CPC se sigue fortaleciendo para apoyar la construcción de un mejor país uniendo esfuerzos privados y públicos y de la sociedad civil.
Por su dedicación, rigor y entusiasmo, agradezco también al equipo responsable de elaborar conmigo este informe: al vicepresidente Daniel Gómez, a los investigadores Daniel Cifuentes, Fabián Bernal, Yesica Fernández, Lorena Lizarazo, María Alejandra Peláez y Alejandra Martínez; a Indira Porto y Johanna Ramos, investigadoras hasta hace poco; a Carolina Cortés, Francy Benítez y Wilmar Martínez, y a nuestros estudiantes en práctica Juanita Chacón, Juan Pava, Luisa Junguito y Andrés Castro. Finalmente, queremos extender de nuevo un saludo de bienvenida y felicitación al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a todo el equipo de gobierno. Es la misión del CPC trabajar aportando ideas y proyectos para el progreso de la agenda del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
Esperamos que este informe contribuya a construir la agenda de política pública, empezando por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, consolidar lo avanzado, y acelerar los cambios que debemos propiciar para avanzar hacia un país más incluyente, sostenible y próspero.
ANA FERNANDA MAIGUASHCA
Presidente
Consejo Privado de Competitividad
