Un sistema judicial ineficiente y de baja calidad, que además no otorgue seguridad a sus ciudadanos, es uno de los principales obstáculos para lograr incrementos sostenibles en productividad y en crecimiento económico. En particular, el bajo cumplimiento de contratos y la incertidumbre sobre derechos de propiedad –síntomas de un pobre desempeño de la justicia de un país– desincentivan la inversión y explican en cierta medida los rezagos en desarrollo económico de los países (North, 1990).
El indicador de imperio de la ley calculado por el World Justice Project muestra los rezagos que tiene el sistema judicial colombiano en términos de su credibilidad y de su capacidad para hacer cumplir las normas, lo que ubica el país incluso por debajo del promedio latinoamericano. Más aún, a lo largo del tiempo el país no ha avanzado en este indicador.
Gráfico 1: Índice de Imperio de la Ley, 2015 (De 0 a 1, donde 1 significa mejor desempeño).
Fuente: World Justice Project.
Los retos en eficiencia del aparato judicial colombiano son evidentes al observar el número de días que se toma la justicia para resolver disputas contractuales. Mientras en Colombia se necesitan 1.288 días para hacer cumplir un contrato –lo equivalente a tres años y medio– el promedio latinoamericano es de 693 días, y en países como México, Perú y Chile esta cifra no supera 500 días.
Gráfico 2: número de días para hacer cumplir un contrato, 2014 (1).
Fuente: Doing Business.
(1) Aunque la Corporación Excelencia en la Justicia cuenta con estimaciones de tiempos procesales, arrojando resultados diferentes por área, se insiste en utilizar el indicador Doing Business del Banco Mundial, en la medida en que permite la comparación internacional.
