el sistema aplica un tratamiento diferente a personas y empresas similares, y no contribuye a mejorar la distribución del ingreso, lo que lo hace inequitativo y regresivo. Además, es excesivamente complejo y castiga la inversión y el empleo, lo que va en contra del principio de eficiencia.
Un elemento clave en materia de competitividad es contar con un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente, que dé estabilidad a las finanzas públicas y minimice, en lo posible, las distorsiones que genera la introducción de impuestos al aparato productivo. En Colombia, el sistema actual no cumple con ninguno de estos tres principios, pese a que es obligatorio por mandato constitucional. De hecho, el sistema aplica un tratamiento diferente a personas y empresas similares, y no contribuye a mejorar la distribución del ingreso, lo que lo hace inequitativo y regresivo. Además, es excesivamente complejo y castiga la inversión y el empleo, lo que va en contra del principio de eficiencia. A lo anterior se suma el bajo nivel de recaudo que genera, y que no coincide con el nivel de desarrollo del país, producto de la alta evasión y elusión, así como de la debilidad de la autoridad tributaria.
En términos de competitividad y eficiencia económica, uno de los grandes avances de los últimos años en materia tributaria fue la eliminación de los aportes parafiscales del SENA y el ICBF, y de las contribuciones al régimen contributivo de salud para los trabajadores con ingresos inferiores a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes (Ley 1607 de 2012). Sin embargo, como medida de compensación, la Ley 1607 introdujo el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), el cual fijó en 8% aunque determinó que entre 2013 y 2015 la tasa fuera de 9%. Si bien esta reforma redujo el impuesto de renta a 25%, en términos prácticos la tasa total de renta para las sociedades se incrementó a 34%. Posteriormente, la Ley 1739 de 2014 determinó que la tarifa de 9% del CREE sería permanente, y estableció una sobretasa temporal al CREE que variaría entre 5% y 9% entre 2015 y 2018. Como resultado, la tarifa total de renta de las sociedades, que hoy es de 40% y se espera crezca hasta el 43% en 2018, es la más elevada de América Latina, muy superior al promedio de los países de la OCDE.
Gráfico 6. Tasa de renta para personas jurídicas. Colombia y países de referencia, 2015.
Fuente: Trading Economics y OCDE.
A lo anterior se suman otras cargas impositivas sobre las empresas –por ejemplo, el impuesto a la riqueza, el 4×1.000, el ICA y el IVA a bienes de capital– que incrementan la tasa efectiva de tributación de las sociedades. Según el último reporte del Doing Business, el país registra una de las tasas efectivas de tributación más elevadas del mundo, ubicándose en el puesto 182 entre 191 países y en el 15 entre 17 países de América Latina. Adicionalmente, la existencia de múltiples beneficios tributarios hacen que estas tasas sean diferentes entre sectores, lo que termina erosionando la base del impuesto de renta a las sociedades.
Con respecto a impuestos indirectos como el IVA, si bien la tasa está dentro del promedio de la región, el porcentaje de recaudo con respecto al PIB es insuficiente y en 2015 solo representó 5,6% del PIB, lo que refleja los bajos niveles de productividad de este tributo. Lo anterior es el resultado de las múltiples exclusiones y exenciones, de la existencia de tarifas reducidas y del alto grado de evasión y elusión. Adicionalmente, Colombia es uno de los pocos países de la región que no permiten el descuento total del IVA sobre los bienes de capital, lo que restringe el proceso de sofisticación y diversificación del aparato productivo y pone en desventaja a las empresas colombianas frente a sus pares extranjeros.
El país requiere con urgencia una reforma tributaria estructural que, además de incrementar el recaudo, mejore la equidad, progresividad y eficiencia del sistema, de manera que se fomenten la inversión, el empleo, el crecimiento económico y, por consiguiente, la competitividad. A la luz de los principios constitucionales y teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, este capítulo analiza los principales tributos del orden nacional, describe las deficiencias del país en términos de administración tributaria y hace énfasis en algunos aspectos territoriales. En el siguiente cuadro se resumen las principales recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad para mejorar el sistema tributario colombiano.
Fuente: Trading Economics y OCDE.
A lo anterior se suman otras cargas impositivas sobre las empresas –por ejemplo, el impuesto a la riqueza, el 4×1.000, el ICA y el IVA a bienes de capital– que incrementan la tasa efectiva de tributación de las sociedades. Según el último reporte del Doing Business, el país registra una de las tasas efectivas de tributación más elevadas del mundo, ubicándose en el puesto 182 entre 191 países y en el 15 entre 17 países de América Latina. Adicionalmente, la existencia de múltiples beneficios tributarios hacen que estas tasas sean diferentes entre sectores, lo que termina erosionando la base del impuesto de renta a las sociedades.
Con respecto a impuestos indirectos como el IVA, si bien la tasa está dentro del promedio de la región, el porcentaje de recaudo con respecto al PIB es insuficiente y en 2015 solo representó 5,6% del PIB, lo que refleja los bajos niveles de productividad de este tributo. Lo anterior es el resultado de las múltiples exclusiones y exenciones, de la existencia de tarifas reducidas y del alto grado de evasión y elusión. Adicionalmente, Colombia es uno de los pocos países de la región que no permiten el descuento total del IVA sobre los bienes de capital, lo que restringe el proceso de sofisticación y diversificación del aparato productivo y pone en desventaja a las empresas colombianas frente a sus pares extranjeros.
El país requiere con urgencia una reforma tributaria estructural que, además de incrementar el recaudo, mejore la equidad, progresividad y eficiencia del sistema, de manera que se fomenten la inversión, el empleo, el crecimiento económico y, por consiguiente, la competitividad. A la luz de los principios constitucionales y teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, este capítulo analiza los principales tributos del orden nacional, describe las deficiencias del país en términos de administración tributaria y hace énfasis en algunos aspectos territoriales. En el siguiente cuadro se resumen las principales recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad para mejorar el sistema tributario colombiano. 
