El Consejo Privado de Competitividad presenta este año su undécimo Informe Nacional de Competitividad. El Informe recoge un esfuerzo de investigación y análisis que apunta a establecer una agenda común que le permita a Colombia seguir avanzando en los frentes que son decisivos para tener empresas más productivas y competitivas. Este esfuerzo es posible gracias a un conjunto de compañías líderes y comprometidas, que como miembros del Consejo han apoyado su labor de manera generosa y decidida.
El Informe es el último que se presenta en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y coincide con un momento determinante de la vida nacional. La agenda del posconflicto toma cada vez más fuerza, haciendo necesario articular esfuerzos empresariales y gubernamentales en todos los niveles, para fortalecer las bases que harán posible un desarrollo económico sólido e incluyente para los próximos años.
También coincide con un ambiente económico deteriorado por la desaceleración de los principales socios comerciales del país y el fin del boom de commodities, una situación que hace más evidentes los cuellos de botella que impiden que las firmas sean más competitivas. Según los últimos resultados del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia se encuentra en la casilla 66 entre 137 países, un retroceso de cinco puestos respecto al año anterior, y en América Latina ocupa el quinto lugar, detrás de Chile, Costa Rica, Panamá y México.
Dentro de los aspectos en los que el país presenta mayores rezagos, se destacan la infraestructura, aquejada por los recientes escándalos en la contratación y atrasos de proyectos vitales para conectar al país con el mundo; la eficiencia del mercado laboral, en el cual la inflexibilidad de los salarios, la falta de cooperación en las relaciones entre trabajadores y empleados, y los efectos de los impuestos y subsidios sobre los incentivos a trabajar, dificultan la formalidad laboral y empresarial; el ambiente macroeconómico, en el que hay preocupación alrededor de los déficits fiscal y de balanza de pagos; y en la eficiencia del mercado de bienes, en donde las barreras a la libre competencia y las altas tasas de tributación deterioran los incentivos a invertir por parte de las empresas.
Otro motivo de preocupación se relaciona con las instituciones. El Foro Económico señala que la valoración empresarial de estas solo supera a veinte países en todo el mundo, y está al nivel de naciones como Camerún, Congo o Mongolia. Los empresarios perciben que la corrupción es el principal problema para hacer negocios y su confianza en la labor del Estado disminuyó considerablemente. Tampoco hay credibilidad sobre la eficiencia del gasto público.
No obstante, se debe resaltar que el país no ha visto deteriorados los importantes avances económicos y sociales logrados en la última década y media, pese a las dificultades mencionadas. El crecimiento del PIB sigue siendo superior al de América Latina, la inversión se mantiene en niveles históricos, el desempleo tiende a mantenerse en un dígito, y la pobreza y la desigualdad continúan retrocediendo.
En este escenario, es clave fortalecer estructuralmente la economía y posibilitar que el sector empresarial sea el gran motor del desarrollo nacional. Este es posiblemente el reto más apremiante que deben enfrentar el actual Gobierno y las próximas administraciones.
Para lograrlo, es imperativo avanzar en estrategias transversales que posibiliten avanzar más decididamente en temas que impactan directamente la competitividad empresarial. En el Informe, se destacan elementos como una educación de mayor pertinencia, una infraestructura de alta calidad, un sistema de transporte efectivo, un Estado más eficiente y legítimo, un sistema tributario equitativo y progresivo, una política comercial que incentive las exportaciones, y una agenda de ciencia y tecnología más decidida y enfocada, entre otras.
Al mismo tiempo, para aumentar las tasas de crecimiento económico, Colombia debe trabajar en otros frentes. Las empresas deben acometer esfuerzos más decididos para incrementar su productividad, valiéndose de la adopción de mejores prácticas y tecnologías, la investigación y la innovación, la capacitación de su mano de obra y la internacionalización. Esto debe estar acompañado de una estrategia nacional para aumentar la formalidad, pues el lastre de la informalidad dificulta avances decididos en la sofisticación de la economía y el bienestar. Es por eso que en 2017 el Consejo Privado de Competitividad ha publicado reportes sobre las acciones que deben seguirse en materia de productividad y de formalidad, este último presentado de manera adjunta al Informe Nacional de Competitividad.
