El gasto público debe ser eficiente, logrando asignar los recursos en las áreas y segmentos de la población en los que existen mayores necesidades de inversión.
Gasto público y servicio civil
En Colombia, la estructura del gasto y, en particular, la asignación de subsidios presenta problemas significativos. En primer lugar, la inflexibilidad del gasto público ha impedido realizar los ajustes necesarios para contrarrestar los choques en los ingresos del Gobierno -de acuerdo con Echeverry et al. (2004) el 67 % del gasto de inversión, el 97 % del gasto de funcionamiento y el 100 % del servicio de la deuda es inflexible -. En segundo lugar, el sistema de transferencias no es progresivo y resulta en varios casos en una asignación de subsidios a las personas de mayores recursos. Así, por ejemplo, en el rubro de vivienda el 36% del gasto en subsidios se destina a hogares en los dos quintiles de ingresos más altos, y en pensiones la mitad de los subsidios se gasta en atender el quintil más alto de ingresos.
Un Estado eficiente requiere de un servicio civil de calidad. El indicador de mérito del servicio civil (OCDE, 2016) mide el desempeño de los países en esta materia evaluando tres prácticas: a) apertura del proceso de contratación a todos los candidatos con las calificaciones y consideraciones técnicas necesarias, b) existencia de salvaguardas contra arbitrariedades en el proceso de contratación, y c) despidos no motivados por cambios políticos. Colombia se ubica dentro de los países de alto desempeño en la región. Sin embargo, si se desagrega el indicador en sus tres componentes, se observa que existe un espacio amplio de mejora para garantizar que los despidos de funcionarios públicos no sean motivados por cambios políticos.
Política Regulatoria
La regulación, como instrumento a través del cual se pone en marcha la política pública, es un determinante fundamental de la eficiencia del Estado. Aunque Colombia ha registrado mejoras en la calidad de la regulación emitida, es necesario que el país avance en la implementación de buenas prácticas regulatorias, que permitan contar con normas costo-eficientes y una mejor interacción entre los regulados y el Estado. Además, Colombia se enfrenta aún al reto de garantizar su cumplimiento. El índice de eficiencia en el cumplimiento de la regulación (indicador que forma parte del Rule of Law Index del World Justice Project) muestra que Colombia apenas supera el promedio latinoamericano.
Así mismo, la regulación debe estar diseñada de manera que su costo sea compensado por los beneficios que esta genera. En Colombia, según el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum (WEF), los empresarios consideran que el costo de la regulación es excesivamente alto, lo que ubica al país en las últimas posiciones dentro de los países de referencia.
Una de las principales razones para el alto costo de la regulación en Colombia es que no se sigue un procedimiento estandarizado para producir una norma, por lo que, frecuentemente, las regulaciones se diseñan sin un análisis previo del problema a resolver, sin considerar los objetivos precisos de la norma o sin evaluar las alternativas con las que cuenta el regulador. Esto ha dado lugar a normas poco efectivas, ha propiciado la proliferación de regulaciones y ha producido una carga regulatoria difícil de asumir para los ciudadanos y las empresas: un estudio del DNP muestra que solo en 2016 se emitieron 9.222 normas. Durante los últimos 17 años, en cada día hábil se han emitido 4,4 decretos, 17,6 resoluciones y 0,6 circulares.
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